Libros de ayer y hoy
Las reformas a la ley federal del trabajo aún no están aseguradas. Primero, porque la cúpula empresarial ha demandado al Senado “afinar y corregir la redacción para evitar efectos negativos en la contratación de personal”. Y si los senadores le hacen caso y enmiendan el dictamen, tendrían que regresarlo a la Cámara de Diputados, cámara de origen, para que ésta la revise de nuevo y apruebe o rechace los cambios, y se pasaría el tiempo reglamentario para aprobarla como iniciativa preferente.
Lo hecho por los diputados no satisface al poder del dinero. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, ha pedido a los senadores, quienes apenas ayer recibieron de San Lazaro la minuta aprobada la madrugada del sábado, eliminar acotaciones a las modalidades de contratación.
El dirigente del CCE exige clarificar y afinar los puntos relacionados con los procesos de inicio y conclusión de la relación laboral. Los patrones están preocupados por lo que ellos consideran limitantes excesivas que quedaron en el tema de la terciarización (outsourcing). Según ellos, éstas podrían llegar a impedir que se realice dicha actividad, lo que, al decir de Gutiérrez Candiani, cerraría la posibilidad de miles de oportunidades de empleo y acabaría con muchos puestos de trabajo existentes en esta modalidad de contratación.
Y como los senadores responden, igual que los diputados, a los intereses de las clases dominantes, tendrían que introducirle los cambios pedidos por el empresariado. No se esperaban los legisladores los reparos de los hombres del dinero. Si no hubieran protestado, el Senado tendría aprobaría la minuta tal cual fue recibida, porque esa es la línea de arriba. Claro que, por reglamento, disponen de 30 días naturales.
El CCE estima que los senadores deben dar mayor certidumbre jurídica a los trabajadores y a las empresas, y esto cambia la jugada, pues la reforma podría entrar en zona de incertidumbre y hasta que en un momento dado sea archivada por los tiempos.
Además, hay un hecho por el que nadie se ha reparado. Que hace unos días, antes de que el dictamen fuera aprobado en San Lázaro, el presidente electo, Enrique Peña Nieto, aseguró que él no estaba de acuerdo con el pago por hora. Lo dijo y curiosamente la bancada priísta en la Cámara de Diputados no tomó en cuenta la postura de su jefe máximo, no obstante la obviedad de que éste le haya manifestado al saliente Calderón su apoyo a la iniciativa.
Y retomando el entusiasmo que mostraron los altos jerarcas de la política como Calderón, Peña Nieto y Beltrones Rivera respecto a la magia de la nueva Ley Federal del Trabajo. Al comenzar la sesión de ayer martes en San Lázaro, consultamos al sonorense sobre el tema. Respondió, zorro el diputado, que la ley federal del trabajo no crea empleos. Sólo facilita la inversión para que se creen empleos. Me encantaría darle la razón. Pero… Pero lo que facilita la inversión es la confianza y, como vimos ayer, ésta aún no permea en los inversionistas. Están preocupados por la crisis global, la incertidumbre financiera en Estados Unidos, que el presidente Obama lo más que logró en sus primeros cuatro años fue paliarla. Pero lo que más les preocupa es la inseguridad pública, que cada día es mayor en todo el país. La economía no responde a decretos. El dinero no tiene patria. Y los inversionistas no abrirán fuentes de empleo si no se les garantiza que trabajarán en un clima cierto y si la economía mundial no se recompone.
Además, hay que tomar en cuenta que el principal para la incorporación de millones de jóvenes mexicanos al empleo, en condiciones decentes radica en el mal desempeño de la economía en la última década. Según el Investigador del Colegio de la Frontera, (COLEF), Alejandro Díaz Bautista, en los primeros diez años del siglo XXI México tuvo un crecimiento económico anual de sólo 1.6%. Hay que hacer notar que el periodo 2000-2009 está influido en su cálculo
promedio por la drástica caída de la economía mexicana en el 2009, cuando alcanzó la cifra récord en América Latina y en la historia reciente de México de -6.7%
Uno de los principales efectos de la recesión de la economía mexicana se refleja en el aumento de la pobreza; en el 2009 se incrementaron en 1.5 millones los pobres a causa de la crisis; de acuerdo con cifras del Banco Mundial, 10 millones de personas cayeron en la pobreza entre 2006 y 2009. Según la misma institución, en México 54.8 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza, lo que equivale al 51% de la población. La CEPAL (Comisión Económica para América Latina) califica como un caso sobresaliente la situación de México, ya que entre los países de la región registra el mayor incremento en sus niveles de pobreza e indigencia y esta situación está estrechamente ligada a la elevada reducción del PIB durante el 2009 y al deterioro de la situación de empleo y salarios.
En un panorama macroeconómico de esas características impulsar el empleo juvenil en condiciones decentes, solo es posible a través de acciones deliberadas de política, que incidan en el mercado de trabajo, con sesgo hacia los jóvenes. Se trata entonces de acciones inductoras
del mercado laboral, que se enmarquen en los criterios de discriminación positiva, en este caso, a favor de los jóvenes.
Para 2013 no se contempla una recuperación o desaceleración generalizada, sino una tasa de crecimiento levemente menor en la mayoría de los países sudamericanos, más dependientes de las exportaciones de productos básicos a China, y un crecimiento similar al del año anterior en el caso de México y los países centroamericanos, de acuerdo con la CEPAL. Ésta pronostica un crecimiento del PIB de 4% coincidiendo ligeramente con los economistas del sector privado mexicano que estiman uno de 3.53%.
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