Analiza PAN recurso jurídico contra Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de enero de 2019.- La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la legisladora del PAN, Mariana Dunyaska, informó que en su partido se analiza presentar un recurso jurídico ante organismos internacionales en contra de la Guardia Nacional, la cual fue aprobada el pasado jueves en San Lázaro y que se encuentra analizando el Senado.

Mediante un comunicado, afirmó que el dictamen de reforma por el que se crea la Guardia Nacional, va en contra del propio proceso de desmilitarización que se busca a nivel mundial, por lo que consideró que la creación de esta nueva corporación conlleva el riesgo de violación de derechos humanos al tener una operación militarizada.

“Al hacerse cargo de la seguridad, se está brindando al Ejército una función constitucional que será permanente, violando tratados internacionales. Hoy, al parecer, el presidente de la República quiere homologar a México con países como Siria, Nicaragua, Arabia Saudita Vietnam y Corea del Norte”, acusó.

La panista también se refirió al proceso para dictaminar esta reforma en la Cámara de Diputados, y cuestionó la adenda o agregado que se incluyó al documento original y que contenía las modificaciones al dictamen, ya que, afirmó, se entrego minutos antes de que iniciara la sesión y no se tuvo oportunidad de analizarlo.

“Dos minutos antes de iniciar la sesión extraordinaria, se generó un documento anexo de cambios de última hora y modificó el dictamen que fuera presentado en el mes diciembre, sin que se conocieran y discutieran previamente los cambios realizados.

Por ese sólo hecho, el dictamen debió ser regresado a comisiones para su revisión, lo que no ocurrió porque había línea presidencial de aprobar el documento como fuera”, acusó.

Afirmó que, no se puede aprobar algo que se desconoce y que podría representar una controversia constitucional, pues, dijo, la seguridad nacional, interior y pública son esferas totalmente diferentes. Asimismo, refirió que los cambios establecidos de último momento en el dictamen sobre Guardia Nacional, no atendieron las recomendaciones de la ONU, ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.