En un año, desafueros, leyes polémicas y hasta delfines en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de diciembre de 2017.- Este año que termina dejó un sinnúmero de eventos en materia legislativa que marcaron el trabajo de la 63 Legislatura, para unos productivo, para otros con muchos pendientes y algunos lo consideran hasta impositivo en algunas decisiones que se tomaron y causaron gran polémica, sobre todo en materia de seguridad.

Tal fue el caso de la importante Ley de Seguridad Interior, la cual después de un año en la mesa de discusión y opiniones encontradas de diferentes sectores de la sociedad y organismos, por fin encontró camino con la mayoría priista y aliados tanto en comisiones como en el Pleno y al final fue avalado.

Sin embargo, no sería tan fácil, pues debía llegar al Senado, donde luego de largas horas la minuta fue modificada, avalada y de regreso a San Lázaro; ahí en una intentona de alargar la última sesión del año para esperar las modificaciones del Senado, realizaron un receso de más de 12 horas.

Finalmente, el pasado 15 de diciembre el PRI hizo valer su mayoría con sus aliados y lograron aprobarla, aun con los votos en contra del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; 21 del mismo fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aunque la oposición está trabajando para interponer una acción de inconstitucionalidad y revertir dicha Ley.

Siguiendo con el tema de seguridad, fue el 12 de octubre cuando por fin y después de varios meses, los diputados aprobaron la minuta enviada por el Senado en materia sobre la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la cual tenía dos años de haber llegado al Congreso.

En ella se refuerzan las penas para quienes cometan este tipo de delitos, además de que se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de personas.

Sobre las penas, destaca que serán de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días multa, “la cual se puede aumentar hasta en una mitad cuando la víctima pierda la vida, sea migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad o adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos”, señala el documento.

Mientras que al delito de desaparición forzada cometida por particulares se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

Pero este 2017 tuvo otros temas que en apariencia eran amables y que al final resultaron polémicos y también generaron división, como las modificaciones a Ley General de Vida Silvestre, para prohibir el uso de mamíferos marinos, cualquiera que sea su especie, en espectáculos fijos o itinerantes, conocida como “la ley que prohíbe los delfinarios”.

El agarrón legislativo se dio justamente en vísperas de Semana Santa, cuando el Partido Verde Ecologista de México junto con el PRI y aliados, llevaron a tribuna el dictamen, indicando que con ello se detendría la explotación de la especie.

Sin embargo, para la oposición, principalmente PAN y PRD, esto no podría ser, poniéndolo en duda, incluso, en la sesión del 6 de abril reventaron la sesión y tanto adentro del salón de Plenos como afuera hubieron gritos e intercambio de reclamos entre la priísta Martha Tamayo y algunos representantes de defensores de animales y dueños de delfinarios.

Luego de dos sesiones canceladas y después de las vacaciones de Semana Santa, el 25 de abril por fin fue avalado el dictamen con 242 votos del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, contra 190 del PAN, PRD, MC y Morena.

“No estamos a favor de una iniciativa con intenciones que no logramos comprender, que no protegen la vida silvestre, la vida animal, nosotros estamos a favor del aprovechamiento responsable, sustentable, cuidado de los animales”, señaló en su momento el coordinador de los panistas, Marko Cortés.

El dictamen aprobado fue enviado al Senado, donde el asunto quedó en la congeladora.

Pero abril resultó ser productivo y el 18 de ese mes los legisladores sacaron adelante un tema de sumo interés para usuarios de aerolíneas, y fue la Ley de Aviación Civil para terminar con los abusos de éstas.

Entre las bondades, esta ley obliga a resarcir los daños ocasionados por la sobreventa de boletos, vuelos demorados o cancelados, o la pérdida de maletas, entre otros.

Los desafueros que no fueron…

Lo que no avanzó en San Lázaro fueron las solicitudes de desafuero; en mayo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó a los diputados quitar los privilegios de la diputada de Veracruz Eva Cadena por recibir medio millón de pesos en efectivo para entregarlos supuestamente al entonces presidente del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el Congreso estatal de Veracruz se adelantó y resolvió primero dicho desafuero, dejando sin materia a la Cámara de Diputados.

Otros que se encontraban en el ojo del huracán fueron los diputados priístas Antonio Tarek Abdala, ex tesorero y Alberto Silva, ex director de Comunicación Social, ambos del gobierno del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Luego que quedara empatada la votación de ambos dictámenes en la Sección Instructora, el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, precisó que sólo pasarían al pleno si eran votados por la mayoría de los integrantes respectivos, algo que por supuesto no se dio.

Pero llegando a septiembre, el inicio del penúltimo período ordinario de sesiones de esta Legislatura, que se caracteriza por la importancia que tiene al ser la sesión donde se recibe el Informe de Gobierno del Presidente de la República, se dio de forma accidenta y sin garantías, tanto que ni siquiera fue el secretario de Gobernación a entregar el Informe, sino el subsecretario.

Y es que el priista Jorge Carlos Ramírez Marín no pudo tomar protesta como presidente de la Cámara baja debido a que el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, exigieron que antes se evitara la designación directa del entonces Procurador General de la República, Raúl Cervantes, como Fiscal General, lo que se conoció como Fiscal Carnal.

Después de siete días de discusiones donde intervinieron los líderes del PRI y el PAN, Ramírez Marín tomó protesta entre gritos de “sí se pudo” mientras el entonces líder nacional panista, Ricardo Anaya, celebró la decisión de quitar el pase directo del procurador a fiscal.

Los sismos que vivió México el 7 y 19 de septiembre, pareció que sacudieron e intercambiaron de lugar a los partidos en el Pleno, pues en la sesión del 3 de octubre comenzó una guerra de cuál brindaba más donativos a los afectados.

Con pancartas con los mensajes Alejandra puro rollo, Anaya Canalla y AMLO no seas lagarto, diputados del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde exigieron al PAN, PRD y Morena renunciar al financiamiento de lo que restaba del 2017, obviamente nunca sucedió.

Pero los diputados siguieron dando de qué hablar y fue en noviembre cuando comenzó la discusión de un tema que quedó en la lista de pendientes, la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que debería asumir el cargo el 1 de enero.

Tras emitirse la convocatoria y entrevistarse a 41 aspirantes, se eligió como finalistas a Salim Arturo Orcí Magaña, Ángel Trinidad Saldívar y David Rogelio Colmenares Páramo, sin embargo, a pesar de tener el consenso de todos los partidos en la Comisión de Vigilancia de la ASF, la terna no pudo llegar al Pleno por inconformidad sobre todo del PAN, cuyo recién nombrado presidente nacional, Damián Zepeda, señaló que la determinación debería tener un consenso más amplio donde participara la ciudadanía.

Por ello será el contador público, Juan Javier Pérez Saavedra, quien estará en el cargo hasta en tanto los diputados llegan a un acuerdo.

Y fue así como el 15 de diciembre, los legisladores entonaron el Himno Nacional Mexicano con lo que cerraron el telón dejando una larga insta de pendientes, y comenzaron los trabajos de la Comisión Permanente que en una sesión que duró apenas media hora, anunciaron la lista de comisiones a fin de irse de vacaciones y regresar a laborar el 4 de enero.