Anuncia Claudia Sheinbaum tres nuevos programas sociales para Michoacán
CIUDAD DE MÉXICO, 26 de mayo de 2022.- Ante la presencia de una narcoelección, la vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán, acudió a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, D.C., para denunciar la intervención del crimen organizado en las elecciones en Tamaulipas.
La panista se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro Lemes, a quien denunció que el crimen organizado habría financiado la campaña del candidato a gobernador por Morena.
Solicitó a la OEA un seguimiento de lo que se está viviendo en Tamaulipas y se emita, en el momento oportuno, una resolución o recomendación sobre los hechos planteados.
Acompañada por los senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria y Antonio García Conejo, denunció que los nexos entre la familia del candidato Américo Villarreal y la familia Carmona, acusada de huachicoleo, es pública y notoria.
Además, advirtió la presencia importante de recursos de procedencia ilícita en la campaña de dicho candidato, en la que incluso el presidente nacional de Morena ha sido beneficiado por la delincuencia organizada.
La senadora López Rabadán señaló que en la elección de Tamaulipas, el Gobierno federal ha intervenido ilegalmente al utilizar recursos públicos para promocionar al candidato a gobernador del partido Morena, muestra de ello es que han acudido secretarios de Estado a eventos partidistas, y promovido una campaña de desinformación respecto a los programas sociales.
“Ha habido un ataque sistemático del Gobierno federal en contra de las instituciones electorales y una persecución a los líderes políticos de la oposición”, indicó la legisladora del Acción Nacional.
Preocupa también el despliegue de elementos militares, sin que lo haya solicitado una autoridad electoral, “lo que se pretende es militarizar la contienda electoral y generar un efecto inhibidor entre la población para que la ciudadanía no salga a votar”, denunció ante el secretario Luis Almagro.
Consideró que este tipo de acciones se vulneran los derechos político-electorales de los tamaulipecos, ya que se pretende impedir que se lleven a cabo comicios libres y se respete la voluntad de las personas, contraviniendo así el artículo 23 del Pacto de San José.