Antes de Guardia, piden depurar Sedena y Marina por vinculados a delitos

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de febrero de 2019.- «El Senado de la República debe rechazar cualquier iniciativa de reforma constitucional que militarice de manera temporal o permanente la seguridad pública». Con esta recomendación arrancó su intervención el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara Bermúdez.

La razón: el modelo de seguridad propuesto por Morena descansa en instituciones que están integradas por cientos, sino es que miles, de funcionarios involucrados en hechos delictivos, incluidos asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, delitos contra la salud y de corrupción, entre otros.

Por ello, en el segundo día de audiencias públicas en el Senado de la República para llevar a cabo el análisis de la minuta en materia de Guardia Nacional conminó a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina Armada de México (Semar) deben ser depuradas de los responsables materiales y de mandos vinculados a delitos, quienes deben ser investigados, procesados y castigados.

Además, entre otras razones, señaló que la formación del Ejército y la Marina es un riesgo para los derechos humanos de la población civil y contraviene las obligaciones internacionales de México.

La estrategia de seguridad nacional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que: «un militar tiene como propósito último enfrentar, neutralizar y aniquilar a una fuerza enemiga».

Por el contrario, subrayó que la formación, equipamiento y logística de mando de soldados y marinos no han sido entrenados para prevenir, investigar delitos, identificar, ubicar y capturas a los presuntos delincuentes y presentarlos ante la autoridad jurisdiccional. Dicha falta de correspondencia entre preparación y misión deriva en violaciones de derechos humanos.

Por ello, Guevara Bermúdez planteó que el modelo de seguridad ciudadana debe ser estrictamente civil en el que se fortalezca el sistema nacional de seguridad pública, se capacite a los policías adecuadamente bajo los más altos estándares y se dignifique su papel ante la sociedad, incluyendo mejoras laborales como sueldos y estabilidad.

En mesa de análisis en materia de Derechos Humanos en el marco de un ejercicio de parlamento abierto, el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos reiteró que la Cámara de Senadores debe rechazar la iniciativa que pretende crear una Guardia Nacional militarizada.

De la misma manera, la Cámara Alta debe repeler toda propuesta que pretenda dotar a las fuerzas armadas de atribuciones distintas a las fuerzas militar, sea en la Constitución, en la ley o en la práctica.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos desconoce con precisión el nivel de involucramiento de funcionarios de las Fuerzas Armadas pero tiene una sombra de desconfianza hacia ellas, mientras no se resuelvan dudas.

«¿Cómo es posible que estados como Guerrero y Sinaloa, con esa enorme presencia militar desde los años 70 que llegaron para combatir a las guerrillas y además ha sido el teatro de operaciones de la guerra contra las drogas, hoy sean de los lugares más violentos del país y de los principales productores de amapola, mariguana y otras sustancias prohibidas?», cuestionó.

El organismo ha entregado al Senado diversos documentos, dos de ellos presentados ante la Corte Penal Internacional, que constatan cientos de casos de víctimas de torturas, desaparición y ejecuciones practicadas por el Ejército en los contextos de los operativos conjuntos Tijuana-Chihuahua, entre 2008 y 2012.