Anuncian amparos contra tarifazo y prepago de transporte público en NL

MONTERREY, N.L., 7 de enero de 2025.- La administración del gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrenta fuertes señalamientos tras la implementación del aumento en las tarifas del transporte público y la obligatoriedad del pago electrónico, medidas que colectivos ciudadanos califican como una afectación directa a los derechos de los usuarios y una estrategia para perjudicar a la ciudadanía.

Colectivos como la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros denunciaron que pasajeros que no cuentan con la tarjeta de prepago son obligados a bajar de las unidades de transporte, lo que consideran una violación al derecho humano de pagar en efectivo.

El vocero de la organización, Jaime Noyola Cedillo, exigió que las autoridades den marcha atrás al incremento tarifario y al sistema de prepago, advirtiendo que afectan especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

Vamos a tramitar amparos en contra del tarifazo y la modalidad de prepago, porque el derecho humano privilegia el pago en efectivo. Mucha gente está siendo bajada del transporte público por no traer tarjeta, lo que resulta inaceptable. Además de las medidas legales, realizaremos bloqueos y manifestaciones según sea necesario”, afirmó Noyola Cedillo.

La indignación también creció tras las denuncias de Elida Sandate Tovar, activista del colectivo Ciudadanos Desconocidos, quien aseguró haber sido agredida físicamente por personal de la Secretaría de Movilidad del Estado al increpar a funcionarios por el aumento de las tarifas.

La activista presentó denuncias ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos contra Abraham Vargas Molina y Hernán Villarreal Rodríguez, funcionarios de la administración estatal, por abuso de autoridad y agresiones.

Los colectivos anunciaron que intensificarán sus protestas en los próximos días, incluyendo manifestaciones frente al Palacio de Gobierno, donde esperan convocar a más organizaciones y ciudadanos afectados por estas medidas.

Samuel García, quien promovió estas reformas como parte de un supuesto esfuerzo por modernizar el sistema de transporte, enfrenta ahora una creciente oposición que lo acusa de implementar políticas que perjudican a la población más necesitada y de ignorar los derechos fundamentales de los usuarios del transporte público.