Aprovecha Iglesia debilidad del Estado mexicano: Barbosa

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de agosto de 2016.- El senador Miguel Barbosa Huerta llamó a la Secretaría de Gobernación a expresar una posición pública frente a los dichos de la jerarquía eclesiástica respecto a los matrimonios igualitarios.

“Lo que está aprovechando la iglesia católica es la debilidad del Estado, así ve la iglesia al Estado mexicano: débil. Y cuando lo ve débil quiere aprovechar esta condición para recuperar el poder que otrora tuvo”, expresó.

En este sentido, el coordinador de los senadores del PRD subrayó que los matrimonios entre personas del mismo sexo son posibles en un Estado laico, el cual tiene la obligación de proteger a la sociedad del dogmatismo religioso en el ejercicio de este derecho humano al tratarse de una decisión personal.

Barbosa Huerta resaltó que particularmente los gobiernos de izquierda y progresistas han impulsado legislaciones que permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, advirtió, “la jerarquía eclesiástica aprovecha la debilidad del Gobierno federal, fijando posiciones evidentemente violatorias de la ley, con el propósito de someter a la autoridad civil a la visión conservadora de la misma cúpula católica”.

El senador poblano recordó que, a unos días de las elecciones del 5 de junio, Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional para permitir los matrimonios del mismo sexo.

El PRI perdió esa elección, señaló el senador, no porque el Presidente haya enviado esa iniciativa como lo sostienen algunos portavoces de la Iglesia e incluso algunos sectores del mismo Partido Revolucionario Institucional, que en los hechos han abandonado dicha iniciativa, sino por las pésimas administraciones de sus gobernadores.

“La propuesta de los matrimonios igualitarios debe mantenerse e impulsarse como una defensa del Estado laico y del ejercicio de libertades del individuo”, afirmó.

En ese sentido, Barbosa Huerta aseveró que el silencio del Gobierno federal en el tema permite las injerencias eclesiásticas en la determinación de lo que es “bueno” o de lo que es “malo” y en el carácter de la educación que imparte el Estado.

“No se puede permitir que desde el púlpito se pontifique sobre temas de libertades y derechos humanos”, resaltó.