
Hasta 50 años de prisión por explosivos improvisados, avala Senado
CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril de 2025.- Con el voto dividido de la oposición, el Pleno del Senado aprobó por mayoría de 105 votos a favor, 16 en contra y una abstención, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 del Gobierno federal, que previamente defendió el secretario Omar García Harfuch en comparecencia.
En posicionamientos de los grupos parlamentarios, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, reconoció que esta nueva Estrategia de Seguridad tiene algunos avances respecto a la del sexenio anterior, que se estructuraba más en objetivos ideológicos y no necesariamente en instrumentos de política pública.
Por el PT, Alberto Anaya manifestó en sentido positivo la confirmación del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación de Seguridad Pública, así como la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial para hacer un combate más sistemático y preciso contra la inseguridad.
Del PVEM, Luis Armando Melgar Bravo, dijo en tribuna que “ya se terminó con la estrategia de abrazos y no balazos, para entrar en una verdadera Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, que se articula en torno a cuatro ejes rectores y se traduce en plan integral, moderna y transformador.
Por el PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís, adelantó que votarían en contra para denunciar este plan, exhibirlo y exigir que se replantee completamente, pues no se puede aprobar un documento sin rigor técnico ni mecanismos presupuestarios definidos.
Del PAN, Francisco Javier Ramírez Acuña, señaló que no queda duda que “este es un rosario de buenas intenciones, pero no de acciones”, sin embargo, brindarían su apoyo para que la Secretaría de Seguridad del Gobierno federal, junto con el Ejército y la Marina Armada de México, tengan las herramientas para ser contundentes al enfrentar la violencia que impera en el país.
Por Morena, Luis Fernando Salazar Fernández, destacó que ya se había contado con elementos de inteligencia, pero por primera se ponen a disposición para implementar una política de seguridad eficiente y deriva en una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno.