Arman diputados a SSPC con instrumentos jurídicos
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de abril de 2017.- El pleno del Senado de la República aprobó –en lo general– la Ley de Desaparición Forzada con 90 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.
Sin embargo, los legisladores continúan esta tarde con la discusión en lo particular, ya que fueron presentadas más de 60 reservas a igual número de artículos de lo que será el nuevo ordenamiento jurídico.
El proyecto de decreto expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Durante la discusión, la senadora Angélica De la Peña Gómez (PRD) expuso que el dictamen fortalece el marco legal sobre la desaparición forzada de personas como delito federal, con penas que inhibirán esta práctica, de ahí su relevancia y puesta en marcha de la Ley.
Refirió que con la aprobación del dictamen se estará dotando al sistema de impartición de justicia, a la SEGOB, a la SRE, a las Comisiones Nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a la CNDH, a la Policía Federal y a los colectivos de la sociedad civil para garantizar que las acciones y medidas para la protección de las familias y de las víctimas del delito de desaparición forzada.
Expresó que con las sanciones que se estipulan contra quien participe, propicie y fomente la desaparición forzada de personas sea como funcionario público, o bien como particular, tendrán penas elevadas, a efecto de erradicar esta práctica violatoria de los derechos humanos. Señaló que también se deberán establecer los niveles de reparación de daños a las víctimas y sus familias.
La María Cristina Díaz Salazar (PRI) señaló que dicho ordenamiento permitirá a las víctimas obtener el apoyo necesario para la búsqueda de sus familiares.
“Además, la Ley establece un registro de personas fallecidas y facultará la intervención de la Comisión de Derechos Humanos para coadyuvar en la investigación”.
Explicó que se crea una instancia de coordinación de búsqueda que se encargará del seguimiento de personas reportadas como desaparecidas.
Afirmó que la desaparición forzada afecta a las víctimas y a sus familias, por lo que solicita la aprobación del dictamen para seguir fortaleciendo al Estado Mexicano. Finalmente, hizo un reconocimiento a los grupos de trabajo que participaron en la confección del dictamen.
Por su parte, la senadora Layda Sansores (PT) criticó los alcances de este nuevo ordenamiento legal, al tiempo de señalar: “perdónenme pero esta no es la Ley que necesitaba México, el presente doloroso, ardiente, en nuestros días.
“Por el futuro de amenaza más aún si insisten en militarizar al país y menos, cuando lleguen las trasnacionales a rebatarle sus tierras a los campesinos”, dijo.