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CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril (Quadratín México).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Educación para prevenir el acoso escolar y atender con programas psicológicos a los menores afectados con ese problema.
Por unanimidad, con 438 votos a favor, los diputados federales avalaron reformar la Ley General de Educación con el fin de aplicar programas y acciones para prevenir, detectar y atender el acoso escolar o maltrato físico o psicológico entre y hacia los estudiantes.
Dichos programas deberán incluir a todas las personas involucradas en el entorno escolar y además, se establecerán en los reglamentos escolares las medidas necesarias para su atención y solución.
Se estableció también que en la Ley General de Educación se apruebe una sección denominada “De la seguridad escolar”, en la cual se prevé la regulación de la protección de los alumnos contra la violencia cualquier tipo.
El dictamen surge de tres iniciativas presentadas entre septiembre y diciembre de 2012 por las diputadas María del Rocío Corona Nakamura y Marina Garay Cabada, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y María Isabel Ortiz Mantilla, de Acción Nacional (PAN).
En las consideraciones se expone que el acoso, la violencia y la discriminación escolar son conductas que laceran la dignidad humana e inhiben los fines de la educación.
La violencia de este tipo, más conocido por la expresión inglesa “bullying”, constituye un grave problema educativo sobre el que poco se ha regulado en el ordenamiento jurídico nacional, se subrayó.
El acoso escolar se manifiesta a través de comportamientos como los insultos, apodos, sobrenombres, golpes, agresiones directas, robos, amenazas, rumores, la exclusión o el aislamiento social.
Los daños que esas conductas pueden ocasionar son muy variados, muchas veces motivan el abandono de los estudios, causan apatía, baja autoestima, estrés social, ansiedad, depresión, trastornos psicológicos o, incluso, como se ha comentado, conductas que llevan al suicidio.
El dictamen fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se informó.
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