Aprueban en comisiones reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de noviembre (Quadratín México).- Después de ocho horas de receso y cuatro de discusión, los legisladores de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública aprobaron en lo particular por 41 votos a favor y 11 en contra el dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Las 15 reservas que fueron presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT) a diferentes artículos del dictamen de la iniciativa que reforma esta legislación fueron rechazadas.

Las reservas fueron rechazadas con votos de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Verde Ecologista de México y de Nueva Alianza (PANAL).

Sin embargo, los diputados panistas lograron sensibilizar y convencer a los integrantes de ambas comisiones de modificar el artículo 31 fracción I inciso c) y de derogar las fracciones VII y X.

Ello con el fin de evitar que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CDI) fueran sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y se mantuvieran como organismos autónomos.

Asimismo, lograron un pequeño triunfo en el debate al lograr una modificación a la redacción del artículo 27 para especificar los alcances del uso de la fuerza pública, que finalmente quedará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La diputada del PAN, Elizabeth Yañez Robles, detalló que la reserva al artículo 26 se realizó para requerir que pese a la fusión de las dos secretarías se respeten las facultades vigentes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), en tanto que manifestó su desacuerdo con la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En lo que respecta a la transferencia de la SSPF a Gobernación, la legisladora precisó que su bancada aboga porque se mantengan las atribuciones de la dependencia tal y como se encuentran en este momento, por lo que la medida impediría aumentar, modificar o exceder sus facultades vigentes.

La finalidad, agregó, es que no se violenten los derechos humanos ni las facultades de los diferentes niveles de gobierno con las nuevas atribuciones a la Secretaría de Gobernación.

En referencia a la sectorización de la Secretaría y de otras instituciones que por este decreto se están considerando, indicó, se deberán respetar los niveles de los funcionarios públicos que realizan las tareas homologas correspondientes.

Esos trabajadores serían subsecretarios, titulares de unidad, directores generales, directores generales adjuntos y funcionarios en general, ya que tienen derechos adquiridos, declaró.

Acción Nacional no tomará decisiones sobre la eliminación de la SFP en tanto no exista un organismo constitucional autónomo que favorezca o establezca todos los mecanismos y normas que fortalezcan el combate a la corrupción y el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos, añadió Yañez Robles.

“Se debilita el sistema de control y fiscalización de la administración pública federal al establecer una dependencia jerárquica y funcional de las unidades de auditoría preventiva con respecto al ente auditado”, detalló.

La legisladora panista agregó que “no hay que olvidar que actualmente la Secretaría fiscaliza y controla a entidades y dependencias, pero también a estados y municipios sobre recursos federales, por lo que de aprobarse el dictamen como tal dejarían de realizarse las siguientes acciones”.

Entre otras tareas, la SFP se encarga de auditorías a fondos federales en programas coordinados con estados y municipios que hoy se realizan a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la dependencia.

Así como de la imposición de sanciones administrativas a servidores públicos estatales o municipales por el indebido ejercicio de recursos públicos federales, e incluso a particulares cuando no se refieran a actos de corrupción.

Con ello, agregó, se dejarían de conocer las inconformidades que se presentan contra licitaciones que llevan a cargo estados y municipios en aplicación de recursos federales.

Tampoco se podría sancionar a particulares licitantes, proveedores o contratistas que cometen irregularidades con motivo de actos contractuales llevados por los estados o municipios con cargo total o parcial a recursos federales, advirtió la panista.

Es decir que la coordinación con las entidades federativas respecto a la vigilancia de los recursos federales transferidos a éstas prácticamente desaparecería con la consecuente pérdida de control sobre dichos recursos, por lo que la medida impediría aumentar, modificar o exceder sus facultades vigentes.

Para dar viabilidad jurídica al esquema de reestructura propuesto en la iniciativa se requiere de reformas simultáneas, al menos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y a la definición y aprobación en su caso de un órgano constitucional autónomo.

Por lo tanto, dijo, Acción Nacional buscará la mejor forma para fortalecer el combate a la corrupción, pues es un tema que no tiene colores sino un sentido de nación y “le vamos a tomar la palabra al PRI pero con un análisis de mayor estudio legislativo”.

“Refrendamos que debe mantenerse a la SFP en los artículos 26 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente y en ese sentido proponemos que en el artículo 26 se incluya a la dependencia dentro de la lista de las dependencias tal como aparece en el texto vigente de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, subrayó

Sin embargo, la reserva de la legisladora panista fue rechazada por 34 votos y 6 abstenciones.

Al hablar a favor de la reserva al Artículo 27 fracción XVIII y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Federal, el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández enfatizó que el objetivo de modificar este artículo es el de acotar los términos de uso discrecional de la fuerza.

Indicó que debe quedar perfectamente establecido que estas facultades que se buscan endosar a la Secretaría de Gobernación no están sujetas a una interpretación discrecional por lo que toca a la calificación de los hechos graves y que quede expresamente señalado que son aplicables en términos de ley.

Así como lo correspondiente a la fracción XVIII, que la facultad de reforzar la tarea policial y seguridad en los municipios y localidades, no sea una facultad unilateral del Ejecutivo federal, sino que siempre responda a una solicitud de la autoridad local competente.

Rivadeneyra Hernández explicó que la reserva busca justamente acotar y limitar estas posibles circunstancias que a su juicio no abonarían en la certidumbre jurídica de la norma que hoy está en consideración.

Al discutir en lo particular el artículo 32, la diputada panista Esther Quintana Salinas propuso modificar el artículo 32 fracción I inciso c) así como derogar las fracciones VII y X del dictamen de la reforma de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

A la propuesta se sumaron de inmediato legisladores del PRD, PVEM, PRI, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y PT, por lo que fue aceptada por unanimidad.

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