En tema electoral, Corte no tiene el máximo poder en amparos: Sheinbaum
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de diciembre de 2024.- De manera inversa a lo acostumbrado, primero se votó en lo general la minuta que modifica la Ley General de Responsabilidades Administrativas, adecuándola al régimen de responsabilidades de los servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación (PJF), para posteriormente ser discutida en lo particular.
Con una votación de 328 en pro, 126 rechazos y ninguna abstención fue como se busca adecuar los encargos en los nuevos órganos creados en virtud de las modificaciones constitucionales al PJF, retomando los principios de ética y honradez publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Además propone incorporar como falta administrativa no grave el incumplir con las obligaciones que se establezcan en el código de ética y los diferentes códigos de conducta, buscando el fortalecimiento del sistema de supervisión y sanción.
También, ampliar el esquema de obligaciones de las personas servidoras públicas respecto a su conducción austera, además de informar sobre su situación patrimonial, incluyendo las sociedades de convivencia.
La iniciativa señala que se ajusta al modelo garantista, respecto a la investigación y resolución de procedimientos de compromisos administrativos, generando certeza jurídica con un marco de sanciones claras.
Estipula que tratándose de las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer sanciones que correspondan.
Y considera que las secretarías podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación.