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Profeco exhibe a las 5 gasolineras más caras y con más índice de ganancia
CIUDAD DE MÉXICO, 18 de octubre de 2023.- En el Palacio Legislativo de San Lázaro se aprobó, en con una votación de 239 a favor, 196 en contra y dos abstenciones, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, la cual actualiza diversos conceptos y cuotas para el pago de derechos por la prestación de servicios públicos o por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio de la Nación.
Entre lo propuesto destaca establecer que los ingresos obtenidos del derecho relativo a la prestación del servicio consistente en la expedición de la condición de estancia a las personas visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinen al fideicomiso público federal sin estructura que constituya la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, S.A. de C.V., sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El panista Riult Rivera señaló que el Presidente va en contra de los intereses de México, por lo que su bancada está en contra de este nuevo intento de transgredir la estabilidad económica del país, pues se contradicen con lo que en muchas ocasiones han dicho de no lastimar al pueblo aumentando impuestos y hoy, le imponen más carga financiera.
Bajo ninguna circunstancia desde Acción Nacional se apoyará alguna intentona por estar lastimando al Pueblo de México y hoy, hoy, en este nuevo intento vamos en contra totalmente, porque nosotros somos mexicanos patriotas 100 por ciento diferente a ustedes que traicionan a la Patria, que traicionan al Pueblo de México”, añadió.
Benjamín Robles, del Partido del Trabajo (PT), indicó que el uso de los recursos será para terminar los grandes proyectos de infraestructura de este sexenio, asegurando que la 4T ha cumplido cabalmente su palabra de combatir a la corrupción, terminar con los privilegios fiscales y condonaciones de impuestos y gracias a ello, se ha hecho realidad un notable incremento en la eficacia recaudatoria.
“¡Habrá Tren Maya y habrá Corredor Interoceánico para las y los mexicanos! Y seguiremos construyendo y pavimentando la Cuarta Transformación”, subrayó.
La emecista Julieta Mejía lamentó que la mayoría en la Cámara busca aprobar modificaciones a la Ley de Derechos para canalizar recursos públicos, por ejemplo, al Tren Maya, proyecto que ha generado desplazamiento de población y daños al ambiente, buscando cobrar impuestos a visitantes extranjeros, así como al ahorro.
Por parte del Partido Verde, Ángelo Aguilar dijo que cada año se actualizan los derechos que se pagan por el uso, goce y aprovechamiento de los bienes de dominio público, así como por recibir los servicios que presta el Estado, que es fundamental para implementar las políticas, estrategias y acciones con las cuales el gobierno fomenta el bienestar económico del país e impacta de manera innegable en la vida cotidiana de todos y cada uno de los mexicanos.
“El dictamen que hoy se somete a consideración de este pleno, en conjunto con todo el Paquete Económico para el siguiente año, está orientado a impulsar un crecimiento económico incluyente y equitativo, recaudando de forma más eficaz y eficiente y utilizando de manera adecuada los ingresos recaudados”, agregó.
El priísta Xavier González Zirión consideró la propuesta de reformas a la Ley de Derechos por parte de la Cuarta Transformación como macabra, pues incluye un endeudamiento de más de dos billones de pesos, algo nunca antes visto, asegurando que se pretende concentrar todos los recursos públicos en las obras faraónicas del Ejecutivo.
Se busca canalizar recursos de manera irregular a candidaturas de chocolate para las próximas elecciones federales”, señaló.
Y Pablo Amílcar Sandoval, legislador morenista, manifestó que el dictamen concuerda con el marco macroeconómico establecido en los criterios generales de política económica, enfatizando que las acciones realizadas por el Gobierno federal para aumentar la recaudación de impuestos no se basan en el alza por el cobro de derechos, sino que tiene su fundamento en el combate a la corrupción y en el adecuado manejo de las finanzas públicas.