Arbitraje y equilibrio/Felipe de J. Monroy González

En ‘La oveja negra’, el escritor Italo Calvino fantasea con la historia de un pueblo donde todos eran ladrones y vivían en esa singular paz; el caos se desata cuando llega un hombre honrado a romper el equilibrio al que estaban acostumbrados. En este pueblo fabulado se desarrollan nuevas dinámicas, nuevas estructuras y, principalmente, se diferencian las personas básicamente entre aquellas que pueden y las que no.

En estos días, se debate mucho sobre el papel del arbitraje de las instituciones intermedias y el equilibrio que se debe lograr en el actual proceso electoral. En particular, hay quienes critican al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y otros -los más, hay que reconocer- lamentamos la posición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y es que, el futuro del ambiente democrático está decididamente en juego si esta rencilla sigue creciendo.

El conflicto lleva madurando varios meses y por diferentes desencuentros. En la superficie están los resolutivos de cancelación de candidaturas impugnadas, o el tema de la sobrerrepresentación partidista en el Congreso; sin embargo, el fondo del problema radica en la particular comprensión de lo que entiende cada parte respecto al ‘arbitraje’ y el ‘equilibrio’.

Veamos. Para López Obrador, el arbitraje de las instituciones debería ser radical e incuestionablemente favorable a su proyecto, incluso si algunos márgenes legales resultaren vulnerados en el proceso. A su parecer, la extensa corrupción de las instituciones en México había alcanzado un equilibrio formal y legal semejante al del pueblo de ladrones de Calvino. Todo aquello preexistente a su Cuarta Transformación tiene la mancha no sólo de la corrupción sino de la natural convivencia de todos los grupos en un ambiente corrompido. 

Por ello, cada vez que se cuestiona al presidente por actos que revelan signos de corrupción, amiguismo y caprichos paralegales en su administración y correligionarios, responde con el mismo mantra: “Nosotros no somos iguales”; como si la mera esencia de su proyecto sustituyera todo reglamento. Es tal la convicción de López Obrador de que un verdadero equilibrio en las instituciones legales y democráticas de México debe estar cargado a su favor que es capaz de reclamar los inmorales privilegios que ofreciera y sigue ofreciendo un supuesto arbitraje neutral.

En el otro lado del conflicto se encuentran las instituciones de promoción y vigilancia democrática. Son instituciones que, sin duda, deben ser preservadas. Sin embargo, ha sido claro que la conducción de algunas de estas instituciones (especialmente el INE bajo la presidencia de Lorenzo Córdova) entró en un estado de ‘resistencia’ frente a las propuestas que la administración de López Obrador fue implementando. Más que la ‘promoción’ de una democracia horizontal, social y participativa, el INE se ha decantado por erigirse en un ente sancionador de la vigilancia democrática. 

Con el reglamento en la mano, el INE ha tomado una actitud de éxtasis legal, como si fuera la última defensa de un prístino templo de la democracia ante una asonada masiva, mayoritaria, popular y, paradójicamente, antidemocrática.

A su modo, la posición del INE se parece a la de López Obrador, de allí el antagonismo insalvable: Pareciera que Córdova y sus aliados considerasen que, el desequilibrio creado tras la elección del 2018 requiere de un arbitraje no neutral, que tense su actuar hacia el lado contrario de la ola de poder depositado en los partidarios del presidente. Por ello, no hay sonrojo en cancelar candidaturas argumentando faltas menores al reglamento de 20 mil pesos; pero no hay mayores consecuencias en otros partidos que deben decenas de millones de pesos por ilícitos mayúsculos.

Es cierto, el Tribunal ha exigido al PRI comenzar a pagar en mensualidades su multa de 84 millones 388 mil 178.20 pesos por haber vendido el padrón electoral de los mexicanos en 2015 (para los despistados, el padrón electoral sí tiene por lo menos un dato biométrico en las huellas digitales) pero no hay mayor restricción a los derechos electorales de nadie en ese partido por esta sanción. Situación que sí ha sucedido con Salgado y Morón. 

Con esto último no estamos diciendo que se deberían perdonar a estos últimos sus faltas o que han obrado mal las instituciones con la cancelación de sus candidaturas, no. Lo que debemos asumir sin fingir falsas purezas es que, en este singular proceso electoral, no hay mucho interés en que tengamos un arbitraje neutral e imparcial; porque el equilibrio anhelado por todos no está entre los que pueden y los que no pueden (diría Calvino), sino entre los que quieren poder aún más.

Sólo, a modo de advertencia, hay que recordar a todos los contendientes de esta tensión democrática, que nada de lo que crece a la sombra de la injusticia otorga verdadera libertad.

Felipe de J. Monroy González/Director VCNoticias.com

@monroyfelipe