Árbitro electoral debe ser discreto, no busca aplauso del público: Segob

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de abril de 2021.- En las elecciones, el árbitro electoral debe ser discreto, el árbitro no busca el aplauso del público, sino el cumplimiento de las reglas del juego, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

«Recuerdo también haber escuchado, hace algunos, años, al entonces Consejero Presidente del IFE, José Woldenberg, afirmar que el árbitro electoral, lo dijo en alguna ocasión, debe ser discreto.

Decía Woldenberg y lo cito de memoria “que el árbitro no busque el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego”. La premisa es muy clara, por definición, el árbitro es neutral, o no es árbitro.

En pocas palabras, hago mías lo que, en esa ocasión, en 1994 y que fue uno de los primeros seis consejeros ciudadanos y en 1996, primer Presidente del IFE, del IFE autónomo y era que el árbitro electoral fuera, al mismo tiempo eficiente y discreto, yo siempre tengo presente estas reflexiones», sentenció este martes durante el arranque de la producción de Boletas del Instituto Nacional Electoral (INE), para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

“La premisa es muy clara, por definición el árbitro debe ser neutral, o no es árbitro”, agregó.

Al recalcar que este proceso será el más grande y con la mayor participación de México, no obstante la pandemia, dijo que se están tomando todas las medidas interinstitucionalmente con la Secretaría de Salud, el INE y Segob.

“Reitero mi plena disposición y compromiso para coadyuvar en lo que sea necesario para el común propósito de hacer de estas elecciones un eslabón más en la cadena de avances democráticos que México ha vivido a lo largo de más de tres décadas”, sostuvo la secretaria de Gobernación.

Reiteró que se trata de la elección más grande y en las 32 entidades federativas están en curso procesos de ámbito local.

La titular de Gobernación indicó que el Presidente y los 32 titulares de las entidades suscribieron un Acuerdo Nacional por la Democracia, refrendando su obligación y compromiso de acatar el mandato constitucional, que es el de no utilizar recursos públicos para influir en la competencia.