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CIUDAD DE MÉXICO, 05 de octubre de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que 15 entidades federativas aún tienen pendiente lograr el 100 por ciento de armonización constitucional en materia de derechos humanos, lo que se traduce en la imposibilidad de que las poblaciones de éstas puedan exigir y hacer totalmente efectivos sus derechos fundamentales. Lo anterior representa un reto de la mayor importancia para los legisladores de los Congresos estatales.
Esta Comisión Nacional pone en relieve que el avance registrado es menor al que se esperaba a partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, al tiempo que puntualiza que no basta con tener buenas leyes, sino que éstas deben materializarse mediante una adecuada aplicación.
De acuerdo con la cuarta edición del estudio de seguimiento a la armonización normativa de los derechos humanos “Constituciones estatales frente a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011”, con fecha de corte al 31 de agosto pasado, Chiapas, Chihuahua, Morelos y Sonora son las entidades que registran el menor avance en la armonización de sus constituciones conforme a los mandatos de la citada reforma constitucional.
En contraste, las 17 entidades que cuentan con el 100 por ciento de avance en la mencionada armonización son Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.
De las disposiciones jurídicas previstas en la citada reforma, la que destaca por ser la menos atendida, ya que registra solo 65.63 por ciento de avance es la obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos como medio para lograr la reinserción social del sentenciado. Entre las que muestran avance intermedio se puede citar la prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales, que registra 86.25 por ciento.
En cambio, las que muestran el mayor avance son el principio de interpretación conforme a los tratados internacionales, así como la obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos, que tiene el 100 por ciento.
El mencionado Estudio, que será entregado al Congreso de cada entidad, permite advertir cambios importantes como los ya mencionados en algunos estados durante los últimos tres años, donde los legisladores locales se han dado a la tarea de modificar los respectivos textos constitucionales para ponerlos en consonancia con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 2011.
La Comisión Nacional de los derechos Humanos consideró que las entidades federativas que ya cuentan con el 100 por ciento de avances han cumplido con el primer paso en la búsqueda de una mayor protección de los derechos fundamentales, por lo que enfatiza que la siguiente etapa, que es igualmente relevante, consiste en hacer valer ese marco jurídico y ampliarlo a la legislación secundaria para garantizar el efecto útil de las normas.