Arranca en el Zócalo bufete gratuito de 100 abogados contra despojo

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de agosto de 2026.- La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó este lunes el arranque de la Defensoría Jurídica “Ponciano Arriaga” en la plancha del Zócalo capitalino, instancia que está conformada por 100 abogadas y abogados especialistas en diversas materias.

Este grupo de especialistas ofrecerán asesorías y representación legal gratuita en casos de despojo, despidos, abandono familiar, herencias y regularización territorial, entre otros asuntos.

“Queremos que este sea un espacio para que de manera igualitaria se pueda acceder a la justicia, se pueda acceder a la información, a la asesoría. La fuerza de la ley tiene que proteger a quien no tiene la fuerza del dinero, de las influencias o del poder; por eso esta defensoría tenía que estar aquí, precisamente aquí, en el Zócalo de la Ciudad de México, en esta plaza en la que ha resonado históricamente la voz de quienes luchaban por la libertad, por la democracia, por la justicia”, aseguró. 

La puesta en marcha de la Defensoría Jurídica —que operará todos los lunes a partir de las 16 horas— responde a un compromiso de la Jefa de Gobierno, como parte de la Estrategia Integral contra el delito de Despojo, presentada en días previos, misma que tiene como objetivo defender el patrimonio de las familias ante este ilícito.

“En la Ciudad de México vamos de frente y con todo contra el despojo, a investigarlo y a perseguirlo con toda la fuerza de la ley, esto desde las instituciones de la ciudad; y a sancionar con todo el rigor del Código Penal.

Y vamos a defender a las víctimas para restituir inmediatamente lo que legalmente les haya sido arrebatado”, afirmó al destacar que “detrás de una escritura hay años de trabajo, ahorros, recuerdos, familias, hogar y toda una vida de esfuerzo”.

Brugada Molina subrayó que de cada 10 denuncias sólo una tercera parte son casos de despojo; mientras que el resto corresponden a otro tipo de delitos, que también deben ser atendido y contar con seguimiento.

Recordó que entre las acciones que forman parte de la estrategia contra el despojo, es comenzar con la prevención mediante la escrituración de propiedades, para lo cual iniciará un programa de regularización.

La titular del Ejecutivo local informó que la Defensoría Social en el Zócalo es un espacio preliminar para la creación de otros mecanismos como las defensorías inquilinaria; de las Mujeres y también próximamente de los adultos mayores. Acciones a las que se sumará la propuesta de transformar la Procuraduría Social en la Defensoría Social de la Ciudad de México, a través de una reestructuración profunda.

“Queremos enviar un mensaje muy claro a cualquier persona que tema perder su casa, su terreno, su departamento o el patrimonio construido durante años: no está sola, tiene derechos, tiene defensa, tiene un gobierno dispuesto a hacerlos valer”, aseveró.

Asimismo, indicó que combatir el despojo significa perseguir sin cuartel a quien delinque, pero también llegar antes que el delito, intervenir antes de que una amenaza se convierta en expulsión, orientar antes de que un engaño termine en la pérdida de una vivienda, y acompañar antes de que una familia tenga que enfrentarse sola a una maquinaria jurídica. 

“En esta ciudad el patrimonio de las familias se respeta, el hogar se protege y la propiedad se defiende. Donde alguien pretende imponer la ley del más fuerte, nosotros haremos valer la fuerza de la ley”, aseguró.

Brugada Molina explicó que el nombre de la defensoría es “en homenaje a la experiencia de la Procuraduría de Pobres en San Luis Potosí, promovida justamente por Ponciano Arriaga, y a quienes a lo largo de la historia de México han luchado por hacer del derecho un instrumento de justicia social”.

Al tomar la palabra, la consejera Jurídica y de Servicios Legales del gobierno de la Ciudad, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, dijo que durante las primeras horas del primer día la Defensoría Social “Ponciano Arriaga” los abogados y abogadas atendieron numerosas quejas y darán atención todos los lunes a partir de las 16:00 horas, con el compromiso de devolver la justicia a las personas que no tienen regularizada su vivienda.

Agradeció las alianzas realizadas con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y con los tribunales de disciplina local y federal, y Tribunal de Justicia Administrativa, así como de las instituciones de defensa de los derechos humanos, las notarías y de la fiscalía local y federal. Indicó que se entregó un carnet de citas a la ciudadanía para dar atención y seguimiento puntual a los casos que son atendidos.

Por su parte el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, reconoció la iniciativa de la jefa de Gobierno para poner en marcha este programa de atención y orientación jurídica en el Zócalo capitalino, al que calificó como una propuesta única y de gran relevancia social, al acercar los servicios legales a las personas que más los necesitan.

Guerra Álvarez subrayó que el propósito de esta iniciativa es acercar la justicia a la ciudadanía y evitar que una persona llegue sin información o desconozca qué hacer al momento de acudir ante un juzgado. 

“Venimos, en pocas palabras, a que nadie llegue perdido a la puerta de un juzgado”, afirmó al explicar que el Poder Judicial orientará sobre el funcionamiento de los juicios, los documentos necesarios y los juzgados a los que deben acudir las personas, sin intervenir en la imparcialidad de los procesos judiciales.

En el arranque de la Defensoría Social, acompañaron a la jefa de gobierno, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Dolores González Saravia; la delegada regional del Infonavit, Patricia Ortiz Couturier; el agente del Ministerio Público de la Federación, Edgar Meneses Silva, así como el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Víctor Aguilar Molina, y la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo Espinosa, además de integrantes de gabinete del Gobierno capitalino, y representantes de los Poderes Judiciales federal y de la capital.