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El costo de no hacer política

La agonía de la reforma electoral es resultado de la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum a hacer política para destrabarla.

A la oposición ni la volteó a ver. El consenso no le importa al partido en el gobierno desde hace siete años. Se asumen como portavoces del “pueblo”. A sus aliados de la coalición (PVEM y PT) amenazados en su existencia misma por los cambios propuestos, no les hizo ninguna concesión.

Para la chiquillada es fundamental que no les reduzcan el financiamiento (25%) y que diputados y senadores de lista permanezcan.

Si los otrora plurinominales son sometidos a la urna, como propone la iniciativa, su presencia en el Congreso se reduciría drásticamente.

En Palacio Nacional sabían perfectamente que sin sus aliados de la coalición oficialista no alcanzarían la mayoría calificada (dos tercios de los legisladores presentes). No importó. El aborto de la tan cacareada reforma se da como un hecho, a menos de que se produzca una votación extraña.

Es decir, que los morenos utilicen una estrategia extraparlamentaria para alcanzar los dos tercios de los legisladores presentes en las dos cámaras.

¿Cómo cuál? Pedir ayuda a legisladores de otros partidos para que se salgan a la hora de votar a cambio de prebendas, pero también presionar a diputados o senadores —que tienen cola que les pisen—, con abrirles carpetas de investigación. Ya lo vimos con la reforma judicial.

Otra ruta sería el plan B anunciado por la presidenta Sheinbaum, en caso de que la reforma no se apruebe: hacer cambios a la ley electoral, vía reformas legales que no requieren de una mayoría calificada, pero que podrían violar la Constitución

•⁠ ⁠El envío de la iniciativa ha generado tensiones en el seno de la coalición oficialista. El fantasma de la ruptura permanece, a pesar de que tanto Morena como la chiquillada han reiterado que irán juntos en 2027.

Si van separados a las elecciones intermedias, el voto de la izquierda se fragmentaría. Eso favorecería a la oposición, que ve en la reforma un intento de Morena para perpetuarse en el poder.

La reforma, subrayan, evade quitar el registro a partidos y candidatos que se les comprueben vínculos con el narcotráfico. La falta de consenso alimenta las versiones de que la iniciativa iría a comisiones para ser dictaminada, el próximo martes, y el miércoles sería debatida y votada por el pleno.

ocaloDicen que al mal paso darle prisa

Sobre la reforma electoral opinó Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Sinaloa.

En un foro celebrado en el Club de Industriales afirmó que el único objetivo de los cambios al sistema electoral es acrecentar el poder del gobierno, creando un partido de Estado. “El camino de Venezuela”, sintetizó.

Destacó dos omisiones que no incluye la reforma: la eliminación de la famosa “cláusula de gobernabilidad”, que da al partido que tenga más votos una sobrerrepresentación de 8% en el Congreso.

“Esa disposición propició el fraude electoral de 2024; por el cual Morena, PT y PVEM tuvieron 54% de la votación y les regalaron, vía el fraude, el 73 por ciento de las posiciones legislativas”, dijo Labastida.

La segunda es la eliminación del fuero que, dice el político sinaloense, “fue concebido por José María Morelos y Pavón para defender la libertad de expresión de los legisladores, no para proteger la corrupción”.

La iniciativa ha provocado un estado de alerta no sólo en la oposición, sino también entre los intelectuales, juristas, exconsejeros del INE, exfuncionarios y empresarios.

El Frente Amplio Democrático, coalición plural que incluye a todas las categorías mencionadas, realizó ayer el foro denominado ¡Sí a la democracia, no a una reforma regresiva!

El evento se realizó en las instalaciones de la Expo Reforma de la CDMX. Sus adherentes hicieron un pronunciamiento que comienza así: “La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha propuesto una iniciativa de reforma electoral que representa una regresión para la democracia en México e impulsa la instauración de un partido de Estado.

La iniciativa se aparta de los principios que rigen la integridad de los procesos comiciales, debilita a las autoridades electorales y partidos minoritarios, reduce la pluralidad en los Congresos e interviene en la vida interna de los partidos…

Pero, sobre todo, “no enfrenta el problema más grave, que es la participación del crimen organizado y la utilización de recursos de origen prohibido en las elecciones.”

Entre los ponentes figuraron Demetrio Sodi, Marco Baños, María del Carmen Alanís, Rafael Estrada, Morelos Canseco y Majo Gómez Mont. Otros firmantes destacados del FAD, según reportes publicados, son Lorenzo Córdova, José Woldenberg, Edmundo Jacobo, Francisco Labastida, Aurelio Nuño, Germán Martínez, Emilio Álvarez Icaza, Guadalupe Acosta Naranjo, Claudio X. González, Jesús Ortega y Rubén Aguilar, entre otros más.