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“Dejen de echarle la culpa a García Luna. ¡Ya háganse cargo!”

El debate sobre el controvertido Plan B se calentó en comisiones. Las descalificaciones iban y venían entre senadores de Morena y el PVEM, por un lado; PAN, PRI y MC, por el otro. El PT ni participó ni votó.

¿Mala señal para la iniciativa de la Presidenta?

Hoy mismo lo sabremos: el Pleno del Senado tiene agendado el debate y la votación.

El termómetro en comisiones subió cuando la senadora del PRI, Carolina Viggiano, utilizó un axioma —verdad que no necesita ser comprobada— que compartimos muchos mexicanos.

Dijo a los morenos: “Ya no le echen la culpa a García Luna y la chingada. Llevan ocho años en el poder… ¡Ya háganse cargo!”.

Su compañera de bancada Claudia Anaya no se quedó atrás cuando evocó los tiempos de Vicente Fox. Señaló: “Con esta reforma se quiere institucionalizar a la chachalaca”.

Los representantes del oficialismo repetían que el Plan B es para “reducir privilegios” que existen en gobiernos municipales y estatales, y que esos “ahorros” se quedarán en estados y municipios.

Pero también que la presidenta Claudia Sheinbaum es la “mejor evaluada” de los mandatarios de América Latina.

El Plan B mantiene el capítulo de la revocación de mandato para 2027 o 2028 —depende de lo que convenga— que provocó la rebeldía del Partido del Trabajo.

El enigma sobre si pasa o no el Plan B de la Presidenta no había sido despejado, a pesar del tuit (X) que Nacho Mier subió ayer, alrededor de las 5 de la tarde, en el que afirma: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”.

A esas horas ya se había discutido y aprobado, en comisiones, el Plan B de Sheinbaum, pero sin los votos del PT.

Ayer no eran indispensables esos votos. Bastó una mayoría simple para que avanzara la iniciativa. Los 24 votos a favor de senadores de Morena y el Partido Verde fueron suficientes frente a los 11 en contra del PAN, PRI y MC.

Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, anunció a Alejandro González Yáñez como el segundo orador del cónclave. Pero el petista nunca llegó. Tampoco su compañera de bancada Liz Sánchez.

Al cierre de esta columna, el PT no se había posicionado sobre el Plan B ni siquiera a nivel de declaración o de mensajes en X. Sus legisladores se escondieron de los reporteros ávidos de información.

Este vacío dio paso a las más diversas especulaciones sobre lo que hará el Partido del Trabajo, que nunca había tenido tanta atención de la prensa.

La más consistente es la que dice que, a cambio de sus votos a favor del Plan B en el Pleno, se habría negociado con petistas y verdes que la revocación de mandato se quede para 2028.

Eso y “algunas candidaturas” para el partido del profe Alberto Anaya.

Nos pusimos a averiguar qué estaba pasando. En el oficialismo nos dijeron que la presidenta Sheinbaum le “leyó la cartilla” al PT. Advirtió a sus dirigentes que iba a exhibir a los legisladores que votaran en contra.

Esa misma fuente aseguró que tanto el PT como el PVEM han bajado en la intención de voto luego de la campaña de “traidores” que les armaron algunos morenos después de su voto en contra de la reforma electoral (Plan A).

Esa misma información nos la mostró el senador Alito Moreno, presidente nacional del PRI.

Sacó su celular y buscó en la pantalla una encuesta que mandó a hacer recientemente. La medición muestra que la chiquillada, en especial el PT, baja a 1.5% en la citada intención de voto.

Alito está convencido también de que no habrá revocación de mandato en las elecciones intermedias de 2027. Nos lo dijo antes de celebrarse la reunión en comisiones, a la que falto el PT.

El dictamen modifica el artículo 35 de la Constitución para que la revocación de mandato pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, y habilita a la Presidenta para que haga campaña a favor de su gobierno.

Limita a 15 el número de regidores (artículo 115) y limita el presupuesto de los congresos locales a 0.7% del presupuesto de egresos de la entidad (artículo 116).

Pero también establece que las remuneraciones de los servidores públicos deben ajustarse a los límites constitucionales (artículo 134).

Hoy mismo se llevará el dictamen del Plan B al Pleno de la Cámara de Senadores. Allí veremos realmente si los senadores de la coalición oficialista votan en el mismo sentido o si los petistas les dicen no por segunda vez consecutiva a sus iniciativas electorales.