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CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre (Quadratín México) .- Las aseguradoras incurren en un fraude por mil 500 millones de pesos anuales a hospitales públicos del IMSS, ISSSTE y Salud, al no resarcir los costos de las pólizas por daños a terceras personas en accidentes vehiculares donde se ven involucrados sus clientes.
El diputado priista Leobardo Alcalá Padilla explicó que las estadísticas ponen en evidencia los altos costos que representan al gasto público las personas que resultan lesionadas en choques, voladuras y otros accidentes y que, por ley, debieran ser absorbidas por las aseguradoras que cargan esos gastos a las pólizas de sus clientes, pero incumplen este contrato al no hacer el pago correspondiente a los hospitales del Sector Salud.
Por ello, apuntó, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa donde se justifica la exigencia a las aseguradoras a hacer dichas coberturas, aun cuando la atención médica se dé en hospitales públicos, pues la carga al erario es muy alta.
El legislador tricolor refirió que de acuerdo con datos del INEGI, en México se registraron en 2011, 238 mil 517 accidentes de tránsito, con un total de 56 mil 712 heridos, muchos de los cuales fueron atendidos en instituciones públicas como la Cruz Roja o el IMSS, que erogan un promedio de 55 mil 789 pesos, tan sólo en el primer día de manejo médico en cada lesionado.
“El hecho de que la atención de urgencias para los accidentados sea otorgada por los servicios públicos de salud, ello no debería eximir a las aseguradoras de resarcir a sus clientes y a quienes resulten afectados por aquél de los gastos realizados por atención médica de emergencia en las instituciones públicas”, explicó.
Alcalá Padilla precisó que más allá de las graves consecuencias que provocan los accidentes de tránsito, pueden llevar a una familia a la pobreza, pues muchos de los supervivientes deben hacer frente a costos por largo plazo en atención médica y rehabilitación.
Agregó que en sintonía con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos por accidentes de tránsito someten a gran presión a los sistemas nacionales de salud, muchos de los cuales tienen niveles de recursos lamentablemente insuficientes.
De acuerdo con la base de cálculo estimado en los costos unitarios por nivel de atención médica 2011 emitidas por el IMSS, el costo de servicio a un paciente accidentado politraumatizado en un automotor a quien se le brinda atención de urgencia que contempla desde su traslado al hospital, manejo médico, cirugía y terapia intensiva para posteriormente pasar a recuperación tiene un costo de 55 mil 700 pesos en el primer día de su hospitalización.
El traslado en ambulancia tiene un costo estimado de mil 803 pesos; atención de urgencia, mil 194 pesos; día de paciente en hospitalización, cinco mil 156 pesos, curaciones 559, análisis clínicos 88 pesos, estudios de radiodiagnóstico, 265, intervenciones quirúrgicas 16 mil 74 pesos y día paciente en terapia intensiva, 30 mil 360 pesos, que dan un total de 55 mil 789 pesos.
El IMSS refiere también que se realizaron 13 millones 537 mil 632 estudios de RX; 181 millones 902 mil 172 estudios de laboratorio, un millón 519 mil 290 hospitalizaciones de urgencia y 17 millones 706 mil 566 consultas de urgencia.
Señaló que la mayoría de veces los costos de traslado, urgencias médicas, procedimientos quirúrgicos y hospitalización otorgados por la “urgencia” son asumidos por el sistema de salud pública y no por el seguro privado, lo que implica una fuerte erogación para las instituciones.
Sin embargo hasta el momento no existe la obligación de que las aseguradoras reembolsen esos gastos a los hospitales públicos, por lo que la iniciativa propone que ese costo incluidos medicinas, prótesis u otros insumos, sean cubiertos en su totalidad por las instituciones contratadas por el responsable del accidente y reintegrados al servicio público de salud en que se le brindó la atención al o a las lesionados.
Los anterior se especifica en el artículo 36-Bis de la Ley General de Salud, mientras que en el artículo 36, se establece que en caso de que el responsable del accidente no cuente con una cobertura por una aseguradora y en el momento del siniestro se encuentre en un establecimiento, autopista, centro recreativo o cualquier otro similar, el pago por los servicios médicos otorgados al paciente deberá ser cubierto por la aseguradora contratada por ellos, con independencia de que dicha empresa ejerza contra el responsable las acciones correspondientes.
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