Mexicana de Aviación, elefante blanco que morirá: PAN
Moisés Sánchez Limón
CIUDAD DE MÉXICO, 31 de enero, (Quadratín México).- Una vez que se ha planteado revisar e incluso desaparecer a las figuras de testigo protegido y el arraigo, diputados federales del PRI consideran debe atenderse en su extensión la solicitud de juicio político contra la ex procuradora Marisela Morales Ibáñez, hecha a la Cámara baja el lunes último por los abogados del ex gobernador Tomas Yarrington Ruvalcaba.
Y es que, en declaraciones por separado durante la II Reunión Plenaria de la bancada priista, los legisladores refieren la sobrada existencia de evidencias de que la entonces titular de la Procuraduría General de la República utilizó a esta institución con fines políticos e incluso personales, como ocurrió también en la pifia del caso Florence Cassez.
Por ejemplo, el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, consideró que se requiere revisar los procesos judiciales, para evitar que sigan presentándose ese tipo de casos que alcanzaron a alcaldes y ex alcaldes víctimas del michoacanazo.
“Por eso también queremos meterle mano a la figura del arraigo, en donde se ha abusado por parte de la autoridad; y también queremos meter la mano en el tema de testigos, estos colaboradores, en donde también algunas autoridades perezosas -como hoy está de moda el término adjetivo-, pues no hicieron una investigación debida y se atuvieron a versiones falsas”, declaró Beltrones en el anuncio de la agenda legislativa que conjuntamente con la fracción del PVEM impulsará en el periodo ordinario de sesiones que inicia el viernes próximo.
Por separado, el diputado priista potosino Oscar Bautista Villegas, sostuvo que la actuación de la PGR en el gobierno de Felipe Calderón debe ser investigada y, de proceder, sancionada. “No debe quedar impune la actuación sesgada de la autoridad”, urgió.
Dijo que los expedientes armados contra presidentes municipales de Michoacán y tres ex gobernadores de Tamaulipas (Tomás Yarrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores y Manuel Cavazos Lerma) tuvieron como objetivo golpear y cerrar espacios a los opositores políticos.
Por ello, comentó en entrevista, en la reunión de los diputados federales del PRI con el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se abordó el tema de la necesidad de recuperar la credibilidad de instituciones como la propia PGR, debilitada por los gobiernos panistas que la usaron con fines políticos.
En tanto, el diputado federal veracruzano José Alejandro Montano Guzmán, secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara baja, dijo que el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, está en todo su derecho de solicitar juicio político contra Marisela Morales, si considera que se violentaron sus garantías individuales.
Se pronunció por una investigación a fondo respecto del proceder de Marisela Morales Ibáñez y determinar si aprovechó de su condición de procuradora para utilizar información confidencial, en perjuicio del ex mandatario estatal, al cual no se le han comprobado las acusaciones que se le hicieron, porque con el abuso de autoridad de la entonces procuradora, se destapó una cloaca en la PGR, “una serie de irregularidades de la manera en que se operaba en esa institución”.
Y es que, puntualizó, con su proceder la entonces procuradora y sus colaboradores buscaban culpables en gobiernos priistas, “con el puro afán de la notoriedad y de tener espacios en los medios de comunicación, para simular que se trabajaba para detener a quienes habían violado la ley”.
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