Aumentar sanciones contra agresores de mujeres no es la salida: académica

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de febrero de 2024.- Frente a un Estado donde en la mayoría de los casos de agresiones en contras las mujeres no se previene y tampoco se investiga ni se sancionan los delitos, al igual que la vulneración a las garantías inalienables en general, ni el abuso en contra de ellas, en particular, poco impacto tiene el aumento de las sanciones, manifiesta la universitaria. 

“Esa no es la respuesta, no es la salida. Para encarar este grave problema tenemos que apostar por un cambio cultural, de educación, y a que realmente se aplique el Estado de derecho, que se investigue y haya consecuencias cuando alguien violenta o toma la vida de las mujeres”, advirtió María Elisa Franco Martín del Campo, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En entrevista, en el marco del 17 aniversario de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que se conmemora hoy 1 de febrero, la especialista afirma que la agresión contra ellas es la violación a los derechos humanos más común y extendida en el mundo.

Y advierte que ahí se encuentra la disuasión de los delitos. La raíz del problema es la impunidad. Cultural y socialmente se ha aceptado y se ha visto como “algo tolerable”. 

Durante generaciones, prosigue, ellas han padecido hostigamiento, pero lo mantenían en silencio. Hoy, por fortuna, estamos en otro momento, pero nos falta mucho por avanzar hasta erradicar la violencia de género. 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más 70.1 por ciento ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida. 

La psicológica fue la de mayor prevalencia (51.6 por ciento), seguida de la sexual (49.7 por ciento); física (34.7 por ciento); y económica, patrimonial y/o discriminación (24.4 por ciento). El fenómeno se registró más en el Estado de México (78.7 por ciento); Ciudad de México (76.2 por ciento); y Querétaro (75.2 por ciento). Las entidades con menor prevalencia fueron Tamaulipas (61.7 por ciento); Zacatecas (53.9 por ciento); y Chiapas (48.7 por ciento). 

A lo largo de la vida, ellas padecen más vulneraciones en los ámbitos comunitario (45.6 por ciento); relación de pareja (39.9 por ciento); espacio escolar (32.3 por ciento); y laboral (27.9 por ciento).

Garantista 

Aunque contar con la Ley General no cambia la realidad, significa un avance, un primer paso estratégico para modificarla. Esos actos no han desparecido; por el contrario, aumentaron durante la pandemia, estima la investigadora. 

Sin embargo, “traza una ruta y, me atrevo a decir, una esperanza para que en el país mujeres y niñas podamos vivir sin violencia”, enfatiza Franco Martín del Campo. 

En este contexto, recuerda que además de la LGAMVLV -publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007- se cuenta con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como la Convención de Belém Do Pará.

Este fue el primer instrumento jurídico en reconocer, como un tratado internacional, el derecho humano de ellas a una vida libre de violencia. “Antes de que los movimientos feministas lograran esta conquista desde el ámbito jurídico, ese se veía como un tema que importaba solo a quien lo padecía”.