Austeridad podría adquirir rango constitucional

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de julio de 2019.- A poco más de 48 horas de que el Pleno del Senado de la República aprobó la expedición de la Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual sustentará una política administrativa para optimizar los recursos con que cuenta el Gobierno, ahora buscan elevar el principio a rango constitucional.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos de la Torre, conminó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos a dictaminar su iniciativa de ley presentada durante el periodo ordinario pasado para concretar como principio de Estado la austeridad republicana.

“Exhorto a la Comisión de Puntos Constitucionales, de manera respetuosa y sabedora del trabajo que tienen, para que se apruebe mi propuesta y concretar como un principio de Estado a la austeridad republicana”, instó la senadora petista.

De aprobarse dicha propuesta presentada el pasado 29 de abril, la redacción del Artículo 134 de la Carta Magna quedaría de la siguiente manera:

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con austeridad, eficiencia, eficacia, economía, rendición de cuentas, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Geovanna Bañuelos destacó que dicha propuesta dará armonización y fundamento constitucional a leyes secundarias como la que se aprobó en el segundo periodo extraordinario.

La senadora del PT celebró la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana, la cual asegura que dará al gobierno un ahorro de 50 mil millones de pesos, así como dignificar el servicio público y una obligatoria reingeniería institucional. 

“Significa no más opulencia en los gobiernos de cualquier orden: federal, estatal o municipal”, reiteró la Bañuelos de la Torre, quien presentó la reserva al artículo 17 para prohibir de la creación o celebración de fideicomisos en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y publica, propuesta que fue aceptada.