Autoridades deben investigar caída de Telcel el 26 de enero: Observatel

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de enero, (Quadratín México).- La bonificación que realizará Telcel a sus usuarios de la Ciudad de México, luego de la falla que registraron los servicios de voz el pasado sábado 26 de enero, no exime a la compañía del cumplimiento de las normas vigentes, subrayó la presidenta de Observatel, Irene Levy.

“Las empresas no pueden regirse por lo que creen que es conveniente hacer para resarcir un daño, ya que para eso hay leyes y autoridades que deben iniciar un proceso de investigación, esta bonificación de Telcel no debe sustituir eso de ninguna manera”, aclaró.

Dijo que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) no puede dar por cubierta la falla con la bonificación que anunció la empresa, ya que no es resultado de un proceso de inspección, investigación y resolución de la autoridad, sino de una acción realizada bajo su propio criterio.

“La Cofetel y Profeco deben hacer cumplir las normas establecidas en el Plan de Calidad de Redes Móviles, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Norma Oficial Mexicana 184 y la Ley Federal de Protección al Consumidor, independientemente de las acciones que la empresa decida emprender”, indicó.

Por ello, añadió Levy, tanto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), como el órgano regulador deben informar sobre las acciones que iniciaron o que tomarán luego de la falla que se registró el pasado sábado en los servicios de voz de Telcel.

Este lunes, Telcel anunció que realizará bonificaciones a todos sus usuarios de la Ciudad de México, equivalentes a una cantidad superior a los 320 millones de pesos luego de la falla presentada el pasado sábado.

La empresa de telefonía móvil abonará 20 pesos de saldo a los usuarios que tengan el servicio bajo la modalidad de prepago y 30 minutos de uso a quienes estén en el esquema de pospago.

Telcel subrayó que los montos, que representan dos días de servicio conforme al uso promedio de servicios de voz en el Distrito Federal, se verán reflejados en los saldos de los clientes, en el caso del prepago y en los estados de cuenta de los suscriptores del servicio en pospago en los próximos días.

Por otro lado, Levy pidió a la Profeco que haga público el listado de empresas de telecomunicaciones que no presentaron la solicitud para integrarse al Registro de Contratos de Adhesión y que informe si se han iniciado procedimientos para aplicar las sanciones correspondientes.

Recordó que en agosto pasado entró en vigor la Norma Oficial Mexicana 184 que, entre otras disposiciones, establece la obligación de los proveedores de servicios como telefonía fija, móvil, Internet y televisión restringida o de paga, de registrar ante la Profeco sus contratos de adhesión.

Explicó que la NOM184 ofrece elementos que fortalecen el marco de protección de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones que, en algunos casos, alcanzan ya a un gran porcentaje de la población y representan un insumo fundamental para las actividades económicas y sociales.

Esta norma también incorpora la obligación de los proveedores de informar por escrito si el equipo que le proporcione al consumidor se encuentra bloqueado para que sólo pueda ser utilizado en su red y cómo puede ser desbloquearlo sin costo para utilizarse en otras redes una vez que adquiera la propiedad.

En cuanto a las consecuencias para las empresas proveedoras de servicios por incumplir con la obligación de registrar ante Profeco sus contratos de adhesión, la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que se podrán aplicar sanciones de 617 mil a dos millones 414 mil peos.

Asimismo, los contratos que no se registren o cuyo registro sea negado por la Procuraduría, no surtirán efectos contra el consumidor, es decir, no podrían exigir las empresas el cumplimiento de esos contratos a los usuarios que los hayan firmado.

“Sin embargo, para que herramientas como la NOM 184 y otras contribuyan efectivamente a ese objetivo, es fundamental que la Profeco realice la verificación puntual de su cumplimiento por parte de los proveedores de servicios y, sobre todo, que esa información sea pública y transparente”, indicó.

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