Avala Senado aplicar sanciones y no reconocer elección en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO,. 1 de agosto de 2017.- El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, respaldó la decisión del Poder Ejecutivo Federal de no reconocer los resultados de la Asamblea Constituyente en la República Bolivariana de Venezuela y apoyó la aplicación de las sanciones económicas correspondientes, conforme a las leyes y los convenios en la materia; asimismo, lamentó la violencia que se vive actualmente en el territorio venezolano y condenó la muerte de ciudadanos que reclaman sus libertades fundamentales.

Pablo Escudero hizo un llamado al Gobierno de Venezuela para reconocer a la Asamblea Nacional que fue electa democráticamente, hace dos años, para el periodo 2016–2021, y recuperar el orden democrático, el estado de derecho y las libertades civiles como una vía para la paz y la reconciliación del pueblo venezolano, señaló un comunicado.

Escudero aseguró que el Senado mexicano estará atento a lo que ocurra durante la reunión de Cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y México, convocada por el Gobierno de Perú, el día 8 de agosto, con el objeto de evaluar la situación en Venezuela; y anunció que, tras la reunión de Cancilleres, invitará al Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Luis Videgaray Caso, a fin de llevar a cabo una reunión de trabajo para fortalecer la posición del Estado mexicano ante la situación que vive el pueblo venezolano.

El pasado domingo, 30 de julio, el Gobierno venezolano llamó a elecciones para redactar, fuera del orden legal, una nueva Constitución y elegir una Asamblea Constituyente que sustituyera a la que fue elegida bajo principios democráticos; las cuales se realizaron en el marco de protestas de la oposición y enfrentamientos que causaron la muerte de una decena de personas.

El Gobierno de México se sumó a la comunidad internacional para no reconocer los resultados de la Asamblea Constituyente y anunció sanciones económicas de conformidad a las leyes y convenios aplicables en la materia, ante la violación del Estado de derecho y la disolución de las instituciones democráticas y representativas de la Asamblea Nacional.