Diputados reciben actualización del PEF 2027
CIUDAD DE MÉXICO, 30 de septiembre de 2026.- Con 72 votos a favor de la mayoría de Morena, PVEM y PT, el Pleno del Senado de la República aprobó la iniciativa presidencial que endurece las penas por piratería y el mal uso del logo institucional de los Poderes de los tres niveles de gobierno.
El dictamen reforma el Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Este proyecto da cumplimiento a los compromisos internacionales como el Tratado entre los México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), así como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
En el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, se eliminó desde Comisiones sancionar la crítica o la sátira política, y se establece en las nuevas disposiciones combatir el fraude y proteger a creadores, artistas, inventores y empresas frente a la piratería y la falsificación.
“Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización vigente al momento en que se cometa el delito, a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño, con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio”, establece el proyecto de decreto.
Sustituye el concepto de “ánimo de lucro” por el de “escala comercial”, lo que permitirá acreditar conductas ilícitas mediante datos objetivos y verificables para facilitar la investigación de delitos relacionados con propiedad industrial.
Establece que existe impacto perjudicial significativo cuando el valor de los objetos infractores, calculado conforme al valor de los productos originales al precio de mercado o al precio sugerido de venta al por menor, es igual o superior a 170 Unidades de Medida y Actualización.
Se precisa que las empresas enfrenten consecuencias jurídicas por delitos de propiedad intelectual al incluir la explotación de obras, la venta en establecimientos y la distribución previa al lanzamiento oficial.
Abarca delitos relacionados con marcas, secretos industriales y el nuevo tipo penal de identidad gráfica gubernamental; este último, consiste en el uso indebido y no autorizado de la identidad institucional del Estado mexicano cuando es utilizada sin autorización para buscar el beneficio económico o para generar un impacto perjudicial.