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CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2025.- Por unanimidad de 106 votos, el Pleno del Senado aprobó el dictamen que faculta al Congreso para legislar las leyes generales que establezcan los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión.
El proyecto de decreto que reforma la Constitución señala que la extorsión constituye un delito de alto impacto, cuyas repercusiones no se limitan a la afectación individual, sino que afecta al patrimonio colectivo, la economía nacional e incluso, tiene impacto negativo en la estabilidad emocional y psicológica de las personas afectadas.
La incidencia del delito se incrementó en los últimos años, al pasar de un promedio de 18.89 casos diarios en 2018 a 29.77 en enero de 2025.
De acuerdo al documento, hay disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos penales locales, lo cual provoca que el combate a la extorsión sea deficiente y que la delincuencia organizada utilice las antinomias jurídicas para evadir la justicia.
De ahí que se busque establecer en la Constitución la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión y, con ello, evitar una indebida fragmentación jurídica que impacta en la procuración e impartición de justicia y provoca inseguridad para las víctimas.
Además, de establecer el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar esta conducta e incorporar al marco legal los mecanismos efectivos para la atención de las víctimas, ofendidos y testigos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el reporte de incidencia delictiva con corte a julio de 2025, muestra que el delito de extorsión representa un problema recurrente pese a los esfuerzos, por lo que se requiere implementar nuevos mecanismos de prevención y combate efectivo a este delito.