Aprehenden a Marilyn, acusada de psiquiatra falsa
CIUDAD DE MÉXICO, 19 de septiembre de 2019.- Por unanimidad, la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana aprobó la iniciativa que obliga a los poderes judiciales a la publicación del texto íntegro, en versión pública, de todas sus sentencias.
El órgano técnico legislativo que preside el senador Clemente Castañeda consideró como un gran paso para la transformación de los Poderes Judiciales la iniciativa que podría brindar a las victimas un instrumento para defenderse y exigir sus derechos.
La propuesta de reforma tiene el objetivo de hacer públicas las sentencias emitidas por el Poder Judicial, además de combatir casos de discriminación o de violaciones a los derechos humanos.
Con esta modificación, «estaríamos habilitando un mecanismo de evaluación sobre el desempeño del Poder Judicial buscando las mejores prácticas», destacó el senador de Movimiento Ciudadano.
La iniciativa reforma el Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para «que los sujetos obligados del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas publiquen el texto íntegro, en versión pública, de todas las sentencias».
Fue construido e impulsado desde las organizaciones civiles Equis: justicia para las mujeres y el colectivo #lojustoesquesepas, integrado por México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Controla tu Gobierno y Fundar Centro de Análisis e Investigación.
La presentó el senador Clemente Castañeda ante el Senado de la República en abril pasado y tiene como antecedente el informe (In) Justicia abierta: ranking de la opacidad judicial en México, que desarrolló Equis: justicia para las mujeres y que reprueba a los poderes judiciales de México en materia de transparencia sobre las sentencias.
El informe muestra graves limitaciones del sistema judicial en materia de acceso a la información al señalar que ninguna entidad federativa alcanza el 50 por ciento de puntuación en materia de transparencia sobre las sentencias y casi de manera generalizada los poderes judiciales en México niegan el carácter público de las sentencias.