Con 39 votos en contra, avalan 3 secretarías y una agencia digital
CIUDAD DE MÉXICO, 26 de noviembre de 2024.- El dictamen de reforma al Artículo 19 de la Constitución por el que se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa avanzó al Pleno del Senado de la República luego de ser aprobado en comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
Con 22 votos a favor y 10 en contra fue avalado por mayoría la modificación al segundo párrafo de dicho artículo añade a la extorsión como un delito por el que los jueces pueden ordenar esa medida cautelar a quienes lo cometan.
Agrega la ilegal introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
Esta ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva incluye a aquellos que vayan en contra la salud, el libre desarrollo de la personalidad y los de cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
En los posicionamientos, el morenista Saúl Monreal Ávila rechazó que la prisión preventiva oficiosa sea “un castigo, un exceso o un cheque en blanco” para encarcelar a los inocentes, como han acusado legisladores de otros partidos, pues es labor del Ministerio Público acreditar con pruebas los hechos delictivos.
El panista Ricardo Anaya Cortés conminó a no aprobar la enmienda constitucional al considerar que se trata de un asunto “delicado por la implicación directa que tiene en las personas”, ya que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han advertido que la prisión preventiva viola la presunción de inocencia y atenta contra las garantías individuales.
La priista Claudia Edith Anaya Mota acusó que “cada vez que se le mete mano al artículo 19, es para dejarlo peor” y con esta enmienda advirtió que se estipula que debe apegarse a la literalidad en la interpretación de la disposición y, en consecuencia, se quita la posibilidad de que las y los jueces puedan interpretar la norma.