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Roberto Gil Zuarth denuncia a Arturo Zaldívar por conflicto de interés
CIUDAD DE MÉXICO, 6 de octubre de 2020.- Con ocho votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de Gobernación del Senado aprobó el dictamen referente a la trascendencia nacional de la solicitud de Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes por actos de corrupción y la convocatoria de la misma.
En reunión extraordinaria, toda vez que la resolución presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la materia de consulta solicitada por el Presidente de la República, dicha instancia legislativa que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, dio trámite para ser discutida y deliberada por el Pleno por mayoría simple, una vez que fue remitida a la Mesa Directiva.
La pregunta aprobada por el Pleno de la SCJN, en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción 11, de la Ley Federal de Consulta Popular, es la siguiente:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
La resolución emitida por la Suprema Corte es inapelable, por lo que correspondió a la Comisión de Gobernación decidir si el tema era de trascendencia nacional y emitir la convocatoria.
En la discusión, el senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, lamentó que se discutiera el dictamen de esta forma, pues consideró que la resolución del Poder Judicial fue una de las más vergonzosas de la historia.
Para el panista, la pregunta no tiene trascendencia pues la redacción no detalla a quién se enjuiciará ni por qué acciones. “Es usar políticamente la justicia”, sentenció.
El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Fernando Castañón Ramírez, aseveró que la materia de la consulta era evidentemente inconstitucional del mismo modo que la pregunta, la cual fue reelaborada por la Corte.
El emecista afirmó que su bancada no es cómplice de la corrupción, por lo que consideró que llevar a consulta la justicia no debería ser una opción.
De la mayoría de Morena, el senador Salomón Jara Cruz recordó que no está a debate la constitucionalidad, sino la trascendencia, lo cual incumbe a la mayor parte del territorio y la ciudadanía.
El morenista señaló que la SCJN demostró que es posible estar a la altura de la realidad social. “El acceso a la justicia es un derecho, no un privilegio”, asentó.
La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, señaló que el dictamen entregado por la Corte se sustenta en la pregunta original, no en la que aprobaron, por lo que el dictamen debería modificarse.
La senadora del PAN, Indira de Jesús Rosales San Román, dijo que la consulta es otro caso de simulación al que el Senado no debería prestarse, pues tienen muchos asuntos más relevantes que atender.
La panista afirmó que la justicia no se pregunta, ya que no es necesario pedirle a nadie su opinión, simplemente acudir a presentar la denuncia correspondiente. “No generemos este tipo de farsas mediáticas”, conminó.
El senador de Morena, José Narro Céspedes, indicó que la consulta popular es un acto de justicia social ante tantas injusticias, corrupción, desigualdad, saqueo, carencias y delitos de lesa humanidad. Y con esta decisión se brinda la oportunidad para abrir hacia una vida verdaderamente democrática.
También de Morena, la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano acusó a la oposición de desvirtuar el debate, ya que el dictamen contiene toda la argumentación requerida. Y refutó que no necesitan los fundamentos de una ministra o ministro para emitir su voto. “El pueblo de México quiere justicia, quiere hablar y está en su derecho”, sentenció.