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CIUDAD DE MÉXICO, 27 de marzo de 2020.- Un dictamen para garantizar el derecho a la población a recibir servicios de calidad y establecer mecanismos para promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental, avanzó en la Comisión de Salud del Senado de la República.
La instancia legislativa que preside el senador Miguel Navarro Quintero, de Morena, aprobó legislación que expide la Ley General de Salud Mental y faculta al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaria de Salud, organice y opere las atenciones en esta materia.
Esta Ley crea el Consejo Nacional de Salud Mental que tendrá como objetivo planear, programar y evaluar los servicios de salud mental que brinda el Gobierno Federal, dentro de los cuales se encuentra el Plan Nacional de Salud Mental.
Este órgano de consulta estará integrado por los titulares de las secretarías de Salud y Educación Pública; así como del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, entre otros.
La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas por su parte establecerán los procedimientos de acceso, atención y tratamiento a los servicios de salud mental a la población, así como a los servicios sociales y privados.
El proyecto de decreto detalla que los mecanismos de coordinación interinstitucional con entes de salud, estatales y municipales, organismos sociales y privados, darán prioridad a la prevención de padecimientos en ese rubro y se sensibilizará a la sociedad sobre trastornos mentales y las alternativas de solución.
Respecto a los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, destaca que recibirán un trato digno e incluyente por parte del personal de las instituciones públicas, sociales y privadas.
Garantiza su acceso a los servicios de salud mental, medicamentos y terapias de rehabilitación, incluso, serán protegidos de discriminación, maltrato, explotación económica, sexual o de cualquier otra índole, que atente contra sus derechos humanos.
En el caso de que las personas requieran ser internadas, el proceso debe ajustarse a principios éticos, sociales, científicos y legales, por tanto, sólo podrá recurrirse a este, cuando el tratamiento no pueda efectuarse en forma ambulatoria o domiciliaria, y previa indicación de los profesionales acreditados.
Uno de los ejes de la Ley General es la promoción de la salud mental entre la población, mediante estrategias permanentes de actividades educativas, socioculturales y recreativas con el objetivo de entablar la sana convivencia.
Plantea el diseño de programas sociales para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes, entre otras, que puedan causar alteraciones mentales o dependencia y crea grupos de apoyo comunitarios que coadyuven a la rehabilitación de los consumidores.