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CIUDAD DE MEXICO, 11 de diciembre (Quadratín México).- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de la minuta sobre la inclusión de la competitividad económica entre los principios constitucionales de la Nación, con el fin de generar un mayor crecimiento económico promoviendo la inversión y la generación de empleo.
Dicha iniciativa, que será presentada ante el pleno, tiene la finalidad de obligar al gobierno a conformar una política que atienda todos los rubros necesarios para alcanzar un desarrollo económico que permita mejorar las condiciones de vida de los mexicanos en sistemas como el tributario, educativo, de ciencia, innovación y tecnología, logística y comunicaciones, condiciones del mercado laboral, entre otros.
Al respecto, el presidente de dicho órgano legislativo, legislador perredista Julio César Moreno Rivera, apuntó que la minuta de competitividad económica fue aprobada al establecer la generación de un mayor crecimiento económico que promueva la inversión y la generación de empleo.
Las reformas a los artículos 25 y 26 de la Constitución, explicó, tienen como finalidad implementar una política nacional que considere la continuidad y las adaptaciones necesarias para el desarrollo industrial, que incluya vertientes sectoriales y regionales.
Moreno Rivera señaló que es de vital importancia establecer políticas que impulsen el desarrollo y el crecimiento económico, para generar las condiciones óptimas que le permitan a nuestro país conservar, sostener e incrementar su productividad, enfocados siempre al cuidado de los recursos.
Indicó que la competitividad ha generado que los mercados internacionales se vuelvan más exigentes, así que la competitividad se mide por la productividad y ésta permite a un país soportar salarios altos, una divisa fuerte y una rentabilidad atractiva del capital.
El diputado aclaró que las reformas al 25° y 26° constitucionales permitirán que en el plan nacional de desarrollo, se incluyan las estrategias necesarias para garantizar la vigencia, continuidad y actualización de las políticas de competitividad y de desarrollo industrial.
Es necesaria la implementación de estas políticas para que los principios rectores de competitividad sean elevados a rango constitucional, con el fin de combatir la pobreza, elaborando estrategias coordinadas entre los órdenes de gobierno que permitan generar fuentes de empleo para erradicar la desigualdad social, finalizó.
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