Avanza Ley de Propaganda Gubernamental al Senado

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de abril de 2018.- Entre la polémica y con los partidos de oposición en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general con 205 votos a favor y 168 en contra, la Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental, reglamentaria del artículo 134 de la Constitución, con la que se busca evitar excesos en publicidad oficial en los medios de comunicación.

Esta Ley se refiere a la difusión de propaganda de los entes públicos bajo la modalidad de comunicación social; el dictamen avalado plantea una única Ley de Comunicación Social en el territorio nacional que garantice que el gasto en la materia se haga, “con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez y, respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio de los presupuestos de egresos”.

Dicho documento surgió de ocho iniciativas presentadas, entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, donde una de ellas fue la propuesta en conjunto por el PRI, PVEM y NA, en tanto las siete restantes se presentaron de forma particular por legisladores del PAN, PRD, Morena, MC (dos iniciativas), NA y del Congreso de Jalisco, sin embargo, acusaron que no fueron tomadas en cuenta y solo se basaron en la propuesta tricolor.

Al respecto, el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, no convenció a la oposición que acusó al Congreso de aprobar “una Ley Chayote” para medios que estén a favor del Estado, en ese sentido, el diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano cuestionó que dicha legislación no se implementara en este período electoral.

“Están proponiendo que entre en vigencia esta ley hasta el 2019, es decir, que se brinque el proceso electoral más importante en las últimas décadas en nuestro país, para que continúen con esa política perversa de beneficiar a los medios que estén cerca del príncipe y de asfixiar financieramente con la crítica, es institucionalizar la política del ominoso chayote en los medios de comunicación”, aseveró.

En tanto, el panista Jorge Triana reiteró que el dictamen era una copia de la propuesta del PRI, y señaló que da la espalda a la sociedad civil, al no dar criterios claros para el otorgamiento de recursos, ni contemplando sanciones exactas con excesos en tiempos de la imagen del Presidente.

“Le estamos dando el avión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una simulación lo que se pretende votar el día de hoy. Las leyes que nosotros aprobemos o modifiquemos deben ser con cargo al Estado, deben ser para ponerle límites al poder de la autoridad, límites al poder del Gobierno, límites al poder del Estado, estamos dando manga ancha al Gobierno para sobre empoderarse, para sobre publicitarse”, acusó enfáticamente.

Y es que los legisladores de oposición criticaron que en el dictamen no se haya fijado un tope del gasto presupuestal para la comunicación social ni la propaganda, a lo que el priista, Arturo Huicochea explicó que, establecer un tope “incentiva el agotamiento del recurso”.

“El gobierno puede y debe gastar incluso menos que cualquier porcentaje que fijemos de manera rígida en la ley, es mejor un régimen flexible siempre a la baja. Sí hay sanciones, pues remite a la legislación respectiva, sea la civil, sea la penal, la que se requiera”, mencionó.

Mientras que el coordinador de Movimiento Ciudadano, Macedonio Tamez, advirtió que es peligrosa la atribución a la Secretaría de Gobernación, quien administrará el uso de los tiempos del Estado y los fiscales además de encargarse del Padrón Nacional de Medios de Comunicación que pretenden participar en la contratación.

“Se pone la iglesia en manos de Lutero, se deja a Gobernación como secretaría administradora, así lo dice textualmente. Dándole facultades para llevar el padrón, para registrar programas, para autorizar planes, para manejar el presupuesto, de tal manera que es peor la omisión, que la acción que se va a tomar autorizando esta atrocidad legar y política”, aseveró.

Posteriormente se presentaron cerca de 61 reservas, de las cuales se avaló la del diputado Ricardo García Portilla, en materia presupuestal en torno a las campañas de difusión de las dependencias como, salud, educación o protección civil, con la cual se permitirá incrementar los recursos, específicamente en caso de alguna emergencia que esté fuera de lo presupuestado por el ente público correspondiente.

“En primer lugar, que en las campañas de difusión se debe establecer que éstas se darán de acuerdo a la consideración y presupuestos aprobados por cada una de ellas. Segundo que cuando sean las campañas que por alguna razón se tengan que hacer de manera extraordinaria y que no estén en su presupuesto, específicamente de emergencia, se puedan considerar las partidas correspondientes de manera extraordinaria, como cualquier tema de salud o emergencia que se considere”, detalló el legislador.

Finalmente, el Pleno avaló en lo particular con 196 votos a favor y 146 en contra, los artículos reservados y las modificaciones aprobadas por los legisladores, con lo que la Ley DE Comunicación Social se turnó al Senado para seguir el proceso legislativo.