Avanza Ley de Seguridad Interior con modificaciones

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de diciembre de 2017.-  Luego de cinco horas de análisis y discusión, por mayoría, las comisiones dictaminadoras aprobaron en lo general la minuta a la Ley de Seguridad Interior, por lo que enseguida se mencionaron las propuestas de modificación que se llevarán al Pleno del Senado de la República.

Con las posiciones irreductibles de los presidentes de las comisiones unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, se hicieron reservas a nueve artículos consensuados y seis más propuestos presentados por la senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez, aunque de estos últimos hay coincidencias en dos. En total son 13 los artículos reservados.

Las reservas que proponen modificar en su redacción son a los artículos: 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22, 26 y la adición de un artículo transitorio que hizo llegar el senador del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez.

La panista adelantó que sus reservas a presentar en el Pleno son a los artículos 4, 8, 9, 27, 33 y 34.

En votación nominal, de la Comisión de Marina, avalaron la Ley de Seguridad Interior los senadores: Ricardo Barroso Agramont (PRI y presidente), Jorge Luis Preciado (PAN), José Francisco Yunes Zorrilla (PRI), un voto en contra de Miguel Barbosa Huerta (PT) y Ernesto Ruffo Appel (PAN) se le declaró ausente.

De la Comisión de Defensa Nacional votaron a favor los priistas: Joel Ayala Almeida, Carlos Romero Deschamps, Patricio Martínez García, Manuel Cavazos Lerma, Marcela Guerra Castillo, Fernando Torres Graciano; en contra Miguel Barbosa Huerta (PT), Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), Iris Vianey Mendoza Mendoza (PRD); y estuvieron ausentes Sandra Luz García Guajardo (PAN) y Luis Armando Melgar Bravo (PVEM).

De Estudios Legislativos, votaron a favor: Marco Antonio Olvera Acevedo (PRI), José María Tapia Franco (PRI), Roberto Gil Zuarth (PAN); y en contra Juan Carlos Romero Hicks (PAN) y el presidente de la comisión Benjamín Robles Montoya (PT).

De Gobernación, a favor: Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), Miguel Ángel Chico Herrera (PRI), Esteban Albarrán Mendoza (PRI), Gerardo Sánchez García (PRI), María Verónica Martínez Espinoza (PRI), Ernesto Gándara Camou (PRI) y la presidenta de la comisión, Cristina Díaz Salazar (PRI). En contra: Dolores Padierna Luna (PT), Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), Pilar Ortega Martínez (PAN), Benjamín Robles Montoya (PT), Luis Sánchez Jiménez (PRD).

Durante la discusión, el senador Robles Montoya presentó una moción suspensiva para frenar la sesión de las cuatro comisiones dictaminadoras al considerarla inconstitucional y por tanto se necesitaba más apertura al diálogo de la sociedad civil organizada. Se desechó por 15 votos a favor y ocho en contra.

La presidenta de la Comisión de Gobernación consideró urgente darle viabilidad al marco normativo pues en la última década el país ha atravesado por una crisis rebasa el umbral de la seguridad pública, y pone en riesgo la seguridad interior.

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, refutó que el debate ha sido amplio y se escucharon todas las opiniones y voces, por lo que negó que se haya dado un “procedimiento atropellado” o fast track en la aprobación de este proyecto.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda insistió que los cambios son insuficientes y no generan ningún tipo de control adicional y extraordinario de supervisión en materia de derechos humanos; además de no cumplir con las expectativas de los organismos internacionales y especialistas.

El presidente de la Comisión de Marina defendió que las Fuerzas Armadas “no están regateando” el apoyo de los senadores, sino que han solicitado un marco jurídico para servir mejor a México.

Los senadores en contra arguyeron que esta Ley busca encubrir el fracaso de una estrategia de seguridad, pues pretende regresar al país al presidencialismo autoritario con facultades metaconstitucionales y no garantiza la paz, la seguridad ciudadana ni da certeza jurídica.

Los senadores a favor justificaron que la ley no implica la militarización del país, sino el fortalecimiento de las acciones del gobierno con reglas claras para la sociedad y las fuerzas armadas, para que no sean utilizadas de forma “caprichosa” por los gobiernos de los estados. Enfatizaron de forma clara que se da el respeto a los derechos humanos.