Avanza proyecto de Ley en derechos de pueblos indígenas y afromexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero de 2025.- Cumpliendo con el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de hacer realidad la implementación de la Reforma Constitucional al artículo 2°, el Comité Tecnico para la elaboración del Proyecto de Ley General sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos,  realizó su sexta sesión de trabajo donde abordaron temas que buscan garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, la niñez, juventud y las personas residentes y migrantes.

Los integrantes, instalaron cuatro mesas de trabajo con los siguientes temas: Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Derechos de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas; Derechos específicos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas, migrantes y residentes indígenas; y Responsabilidades, Procedimientos y Sanciones. 

Durante la instalación de la sesión, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, en su mensaje de contextualización sobre el trabajo que ha realizado el Comité Técnico Asesor, refrendó su alegría y agradeció el corazón y empeño que los integrantes han sumado, así como la presencia de la Consejería y la Secretaría de Gobernación; “pues se está concretando un resultado que ha sido forjado al calor de las luchas, al paso del tiempo y de la historia”. 

Ángeles Arcos, en representación de la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, dio sus agradecimientos a todo el equipo que ha trabajado en las propuestas concretas y con ello expuso que el proyecto de Ley se constituye como una “herramienta normativa que será un cambio cualitativo en las actuaciones de las autoridades, de las personas juzgadoras y de la propia defensa de las comunidades y los pueblos, no solo de este país, sino de la región en la que vivimos” aseguró. 

Pues, reconoció que nunca se habían tenido las condiciones favorables, como en la actualidad, “donde se  hace realidad la aspiración de varias y diversas luchas, de muchos caminares en busca de justicia, de muchos avances forzados a golpe de sentencias que muchas veces se quedaron cortas”. 

Por su parte, el titular de la Unidad de Construcción de Ciudadanía y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Vázquez Segura, al momento de instalar la sesión agradeció la oportunidad y el esfuerzo sumado en la elaboración y análisis del documento, “un momento histórico que da certeza a una lucha sentida de nuestro país, pues, el bienestar de los pueblos indígenas y afromexicanos, es el bienestar de toda una nación” refirió.  

El director general del INPI agregó que se espera que en los dos días de trabajo, se comprometa la sabiduría y el pensamiento colectivo  para lograr un buen resultado de ley, “una ley que transforme la realidad y que concrete el mandamiento constitucional; para que los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas participen de manera real y efectiva en el ejercicio de sus derechos” puntualizó.  

En cuanto al trabajo que se ha desarrollado en las sesiones pasadas, estas incluyen la aprobación de la estructura de las disposiciones preliminares; la revisión del Derecho y Deber de la Consulta Libre, Previa e Informada;  y la entrega de la Propuesta del Libro Segundo de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas. 

Regino Montes detalló que, para tener un Proyecto de Ley completo, es importante que además de consagrar los derechos de carácter sustantivo, también se establezca el aspecto procesal o aspecto adjetivo, como se nombra en el ámbito de la abogacía “pues deben quedar establecidos los medios y los recursos jurídicos que se usen en caso de incumplimiento de las normas sustantivas y desde luego las sanciones que correspondan” afirmó. 

Por otro lado, aprovechó el espacio para reconocer la Iniciativa de Reforma al Art. 4° y al Art. 27° de la Constitución Mexicana, que envió la mandataria federal, el pasado 23 de enero de 2025, para reconocer el maíz nativo como Patrimonio Biocultural de los Pueblos y Comunidades del país; esto porque el Gobierno de México, en días pasados, había establecido barreras de importación del maíz genéticamente modificado y la respuesta del Panel de Resolución de Controversias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá fue en contra de lo dispuesto por México. 

Cierre de la sesión 

En el segundo día de trabajo y durante el acto de clausura de la sesión, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza, expuso que el trabajo desarrollado por el Comité Técnico Asesor ha resultado fructífero y se ha consolidado como un espacio de formación en el cual se comparten las diversas formas de ver las problemáticas de los Pueblos Indígenas; lo que resulta en una “bonita forma de vivir esta transformación, esta lucha que no es con las armas sino más bien con este diálogo, con esta construcción” puntualizó. 

Por su parte, la Senadora de la República, Susana Harp, agradeció la suma de esfuerzos de las diferentes instituciones, y con ello refrendó que queda un último trecho para “construir una gran ley que además tenga una visión de alto alcance y de futuro, donde se va a tener que seguir abonando derechos, acompañando a las comunidades indígenas y afromexicanas”. 

Víctor Hugo Toledo, representante de la Secretaría de Gobernación, reinvidicó las felicitaciones al INPI y al equipo de trabajo por la manera de llevar a cabo el ejercicio de gobierno: escuchando y participando, pues, el proyecto de Ley General resulta en  “un proyecto colectivo que finalmente va a ser el proyecto del gobierno, el proyecto de la presidenta” aseguró. 

El acto de clausura estuvo a cargo de José Alberto López Damián, representante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, quien recordó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, refiriendo que la reforma al Art. 2° Constitucional es la reforma más profunda y con ello explicó que el trabajo de las sesiones no versan entorno a legislación especial, si no a “una integración armónica al sistema jurídico mexicano, pues se requiere que el sistema jurídico mexicano reconozca las particularidades de las formas de gobierno de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”. 

Por último, se reconoce la asistencia de integrantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; de la Secretaría de Gobernación; representantes de senadoras y senadores; diputadas y diputados; integrantes del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, además de expertas y expertos en temas indígenas.