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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de octubre de 2024.- Las reformas secundarias del Poder Judicial avanzan a la Cámara de Diputados luego de que el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, con 79 votos a favor y 39 en contra el dictamen que contiene la legislación normativa para la elección de jueces, magistrados y ministros.
En la discusión en lo particular, el Pleno aceptó tres reservas de modificación a los artículos 1, 48, 476, 499, 500, del artículo tercero transitorio y de la adición incorporada del artículo noveno: la primera, presentada por los presidentes de las comisiones dictaminadoras de Gobernación y de Estudios Legislativos, respectivamente, Lilia Margarita Valdez Martínez y Enrique Inzunza Cázarez, que representaron solamente correcciones ortográficas y modificaciones de forma.
La segunda, la presentó el morenista Javier Corral Jurado para devolver la forma esencial a uno de los dos dictámenes derivan de las iniciativas que envió a la Cámara de Senadores la presidenta Claudia Sheinbaum, el lunes 7 de octubre pasado.
En comisiones se incluyó una disposición para que los Poderes de la Unión determinen primero su conformidad total o parcial sobre los listados de candidatos y, en caso de que se rechace la lista, los comités de evaluación tendrán que presentar un nuevo listado, lo que representaba un veto directo a los aspirantes y contraviene a la Constitución Política.
La tercera, a propuesta del morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se agregó un artículo noveno transitorio para derogar todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el Decreto.
Las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, propuestas por la titular del Ejecutivo federal otorgan al Instituto Nacional Electoral y a los institutos locales, la responsabilidad de los procesos para elegir jueces, magistrados y ministros, así como las reglas generales para garantizar que esos procesos sean justos y transparentes.
La reforma incluye regulaciones sobre convocatorias, postulación de candidatos, propaganda, encuestas y sondeos de opinión, organización de mesas directivas de casilla, conteo de votos, proclamación de resultados, normas de elecciones federales y locales, procedimientos de sanción y disciplina, acceso a tiempos en radio y televisión de los candidatos, así como uso de recursos en campañas y fiscalización.