Bajo el propio riesgo/Julio Santoyo Guerrero

(Para vivir en Madero)

Por: Julio Santoyo Guerrero

En tiempos de inseguridad no todos son iguales. Hay quienes tienen mayores oportunidades de acceder a la seguridad que obligadamente deben ofrecer las instituciones responsables de ello. Esto lo define en gran medida la condición económica y la influencia social. Los medios para acceder a la seguridad tienen que ver también con la infraestructura de comunicaciones que poseen los ciudadanos, y está relacionada con la ética y calidad de respuesta con la que operan las corporaciones.

Si la problemática de seguridad de una ciudad o una localidad pequeña no ha sido expuesta públicamente para ser visibilizada, es seguro que los pobladores seguirán siendo victimizados de manera ilimitada. Estarán fuera del espectro de ocupación. Si junto con ello existe precariedad en los medios de comunicación disponibles y una operación policiaca omisa, el cuadro final es la tragedia permanente. Y esa es la realidad en una gran cantidad de poblaciones pequeñas a lo largo y ancho del territorio michoacano.

Desde hace más de un año las comunidades rurales del norte de Madero,  del sur de Morelia y el sur este de Acuitzio, han sufrido el acoso de la delincuencia en silencio. El robo, la extorsión, el secuestro y la amenaza para lograr la sumisión de los pueblos, ha estado presente sin que hasta ahora, no obstante las denuncias, haya sido detenida una sola célula delictiva o alguno de sus integrantes. Si el hecho no se denuncia en los medios, este no existe pareciera la regla. No obstante la solicitud expresa a la autoridad municipal en Madero, que forma parte del Mando Único, estos no han realizado los patrullajes necesarios y establecido un sistema preventivo, como lo manda el protocolo. El peor y crítico momento ocurrió el sábado 23 de marzo cuando las comunidades de San Pedro, Nieves y Ziparapio el Alto detectaron un secuestro en curso y solicitaron con urgencia la presencia policiaca. La policía tomó nota pero dejó a su suerte a la población, consumándose el secuestro y generándose un ambiente de zozobra e impotencia entre la población.

El  evento, como otros que han ocurrido en meses pasados, sólo ha quedado en la memoria indignada de los ciudadanos. Para las instituciones responsables de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes los hechos han sido soslayados y no se han constituido en punto de referencia para generar las investigaciones obligadas y las medidas policiacas pertinentes. Es lamentable que para algunas autoridades en los hechos existan ciudadanos de segunda, que no merecen ser vistos ni atenidos, ciudadanos que habitan en comunidades aisladas o empobrecidas, para quienes sólo vale el consejo de habitar ahí bajo su propio riesgo y «rascarse con sus propias uñas». Esto debe merecer una revisión puntual pues representa una puerta abierta a la operación y consolidación de grupos delincuenciales que tratan de tomar como rehenes a los pobladores de las comunidades menos comunicadas, empobrecidas y olvidadas por sus gobiernos, con la finalidad de integrarlas a su sistema logístico de protección.

En esta región la imposición de la ilegalidad con el avance ecocida del cambio de uso de suelo, la tala ilegal, el acaparamiento del agua y el crecimiento de la actuación criminal, empuja hacia la conflictividad y la descomposición social y sin embargo, hasta la fecha, no existen políticas públicas de los gobiernos municipales y del Estado para atender focalizadamente este riesgoso coctel de agravios que degradan los vínculos sociales y se potencian los riesgos con la actuación abrasiva de los grupos criminales.

Pareciera tierra de nadie. Un caso absurdo ilustra esta condición. Desde el 20 enero de este año un prepotente y lunático aguacatero, por sus agallas, sin orden de juez, ni razón común alguna, cerró el camino que comunica a las localidades aludidas con Villa Madero, solo para proteger sus aguacates del tránsito vehicular. Por desconocimiento, miedo u omisión, la sindicatura ha capitulado de sus obligaciones para liberar el camino, concediendo en los hechos al proceder ilegal, arbitrario y rupestre de este personaje. Sujeto que ya había sido amonestado cuando hace dos años también cerró dicho camino, pero la autoridad municipal en turno procedió a liberarlo de inmediato, conforme a sus facultades legales.

La inseguridad y la impunidad que viene campeando en esta zona limítrofe de los tres municipios referidos, reclama de los tres órdenes de gobierno su participación decidida para recuperar la paz perdida y la aplicación puntual de la ley. Los gobiernos debieran recordar que en las campañas del 18 a estos ciudadanos les ofrecieron seguridad, mejores servicios y la certeza de que su camino no volvería a ser cerrado.

Los pobladores de estas localidades no se han quedado de brazos cruzados. Durante más de dos años han conformado una organización de pueblos para hacer valer la ley y reclamar que las instituciones gubernamentales cumplan con sus deberes. Con los recientes hechos, robos, secuestro y cierre arbitrario e ilegal de su camino, han confirmado la determinación de no bajar la guardia y no permitir que la delincuencia destruya el presente y futuro de sus familias. El  éxodo de sus pobladores como tendencia posible, es una preocupación latente. Por ello es que urge que los gobiernos cumplan con sus deberes.

Los gobiernos deberían recordar aquella claridosa frase del empresario Alejandro Martí, «si no pueden, renuncien». ¿Para qué quieren gobernar si no van a gobernar?