CIUDAD DE MÉXICO, 19 de septiembre de 2019. — Elementos de la Secretaría de Marina – Armada (Semar) de México desplegados en Michoacán lograron asegurar un cargamento de cocaína que llegó a costas mexicanas en un buque de Ecuador.

Como Autoridad Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, la Semar informó que derivado del trabajo conjunto de la Unidad Naval de Protección Portuaria número 63, adscrita a la Décima Zona Naval y la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se aseguró este miércoles un cargamento con aproximadamente 82 kilogramos de una sustancia con características similares al clorhidrato de cocaína, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

De acuerdo a un comunicado, esta acción se llevó a cabo derivada de trabajos de inteligencia conjuntos entre la Secretaría de Marina-Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se tuvo conocimiento de que se transportaba un contenedor con carga ilícita a bordo del buque CMA CGM MISSISSIPPI con bandera de Liberia proveniente de Guayaquil, Ecuador y con destino a Calderas, Costa Rica, por lo que se realizó una inspección visual al mismo.

Dicho contenedor de acuerdo al manifiesto de carga se trataba de rollos de cable eléctrico; sin embargo, a la apertura del contenedor se observaron sobre el rollo de alambrón dos paquetes envueltos en bolsas negras y en el interior una cizalla, así como candados nuevos sin utilizar, procediendo a analizar el contenido por equipos de detección de sustancias ilícitas, los cuales arrojaron resultados preliminares con incidencia positiva a “clorhidrato de cocaína”, con un total de dos bultos con 70 paquetes, dando un peso aproximado de 82 Kg.

La presunta carga ilícita asegurada fue puesta a disposición de las autoridades competentes para determinar el peso ministerial, realizar las pruebas correspondientes e integrar la carpeta de investigación. Es importante destacar que, con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad Marítima Nacional, refrenda el compromiso de trabajar en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, para combatir a la delincuencia organizada con los recursos que le provee la Ley, siempre en estricto apego a los Derechos Humanos.