Busca MC impulsar transición de CDMX a energías limpias

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre de 2025.- El coordinador de la Bancada Naranja, Royfid Torres González, propuso modificar la Constitución local para hacer de las acciones medioambientales una política legal institucional y avanzar hacia energías limpias sin depender de voluntades políticas

Para fortalecer las acciones medioambientales en la ciudad de México y hacerlas una obligación institucional de Estado, el legislador por Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González propuso generar cambios a la Carta Magna local para avanzar en la transición energética y no depender de voluntades políticas del Jefe de Gobierno o la administración pública en turno, refirió un comunicado.

En el uso de la tribuna, el coordinador de la Bancada Naranja indicó que actualmente hay un vacío legal, por lo que la iniciativa que realiza una adición al apartado J del Artículo 16 de la Constitución local derivará en el impulso y utilización de energías renovables rumbo a la transición energética justa e inclusiva.

La Ciudad de México, dijo, enfrenta un momento decisivo, pues “somos una capital con una enorme riqueza humana y cultural, pero con una estructura energética que pertenece al pasado. Hoy importamos casi toda la energía que consumimos y prácticamente no generamos energía limpia localmente. Esa dependencia no solo compromete nuestra seguridad energética, también nos aleja de nuestras metas climáticas y limita el derecho futuro sostenible para todas y para todos”.

Durante su exposición dijo que el derecho a la ciudad exige energía limpia y renovable y la soberanía energética es más que un concepto técnico, convirtiéndose en un compromiso ético, en beneficio de las próximas generaciones.

“Una ciudad que no puede producir su energía o la produce contaminando el aire que respiran sus habitantes, no es una ciudad verde y sin soberanía energética local no hay desarrollo posible, ni justicia ambiental ni bienestar duradero. Por eso hablar hoy de transición energética no es una cuestión de modernidad, sino de calidad de vida y de supervivencia”, indicó.

La iniciativa propone que estos cambios deriven en tres objetivos principales: primero, implementar políticas públicas estatales para el desarrollo energético para combatir la pobreza energética, garantizando que todas las personas tengan acceso suficiente, asequible, seguro y limpio a las energías; segundo, establecer programas para promover la autogeneración y uso de fuentes renovables, así como la eficiencia energética y, tercero, fortalecer la soberanía energética local para que la ciudad pueda decidir, producir, gestionar y beneficiarse de su propia energía de bajo impacto.

“Las decisiones que tomamos en este congreso marcan el rumbo de nuestra ciudad para los próximos años y por eso debemos hacerlo con una convicción muy clara: la transición energética no es legítima si no es socialmente justa. No se trata únicamente de cambiar tecnología, se trata de cambiar prioridades, priorizar primero a quienes hoy pagan más por una energía más sucia, priorizar a las familias que viven en las periferias a que a quienes destinan una parte desproporcionada de ingresos a la luz o al gas o a las mujeres cuidadoras que dependen de energías caras e insuficientes”, sostuvo.

De alcanzar estas metas, añadió, la transición energética impactará en rubros que le otorgan el carácter de justicia social, como menos gasto en luz, más presupuesto para alimentos, educación y salud, horas recuperadas para quienes cuidan y una ciudad más sana.

El congresista destacó que la Constitución reconoce el derecho a un medio ambiente sano; sin embargo, aún no establece de manera explícita el deber del Estado capitalino de garantizar las medidas energéticas como políticas de estado y dicha omisión jurídica tiene consecuencias significativas en los esfuerzos por avanzar hacia energías limpias, que dependen de la voluntad política de cada administración y no son obligación institucional.

Torres González reconoció que la actual administración capitalina realiza acciones en materia de medioambiente, como el desarrollo de una dirección digital de empresas de energía sostenible de acceso público, la movilidad de baja emisión centrada en conectar periferias y provisor del transporte público inclusivo y la continuidad en el programa de cosecha de lluvia e instalación de calentadores solares, así como la inclusión de los impuestos verdes en el pasado Presupuesto de Ingresos, pero se requiere plasmarlos en nuestra Constitución para que perdure.

Finalmente, Torres González recordó que esta iniciativa nació en el Parlamento Ambiental de la Ciudad de México, fundada en la propuesta de Rebeca Nieto, quien exhortó que la sostenibilidad no sea solo un discurso sino un derecho exigible.