Busca PRI en Senado reforzar protección a periodistas y activistas

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de marzo de 2022.- Senadores del Grupo Parlamentario del PRI impulsarán iniciativas que refuercen las instituciones existentes y se creen las necesarias para garantizar la protección a periodistas y activistas.

A través de un pronunciamiento a la opinión pública, los priistas aseguraron que continuarán trabajando de manera constructiva con la pluralidad política, a fin de señalar las insuficiencias y deficiencias en el sistema actual que protege a los periodistas y defensores de los derechos humanos.

La bancada tricolor considera necesario garantizar la protección y seguridad a quienes ejercen la imprescindible profesión del periodismo, libres de amedrentamiento, violencia y otras circunstancias que lastiman la democracia del país.

Ante el creciente ambiente de hostilidad y violencia en contra periodistas y activistas en México, manifestaron su preocupación por las cifras oficiales inequívocas: desde el inicio de la actual administración, 52 periodistas y 97 activistas han sido asesinados.

En 2021, México se posicionó, por tercer año consecutivo, como el país más peligroso del mundo para los periodistas, y las tendencias del 2022, donde han muerto 7 periodistas, solo parecen acentuar dicha situación, asentó el GPPRI.

En un Estado de derecho, insistieron que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el pleno goce de los derechos humanos de toda persona, incluyendo la protección de quienes hacen uso de la libertad de expresión para abonar a la convivencia plural que caracteriza a toda democracia contemporánea.

Estos principios no solo se sostienen con base en los artículos 1°, 6° y 7° de la Constitución. Las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos emanan también de una sólida red de tratados multilaterales y bilaterales suscritos con socios históricos y estratégicos, incluido el Acuerdo de Concertación Política y Cooperación, celebrado con la Unión Europea.

Senadores del PRI hicieron votos porque las instituciones del Estado mexicano implementen una estrategia a la altura de los retos que en México viven quienes ejercen actividades periodísticas profesionalmente y quienes son activistas de derechos humanos.