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CIUDAD DE MÉXICO, 29 de noviembre (Quadratín México).- El presidente del Senado, Ernesto Cordero, afirmó que buscarán modificar el marco legal para fortalecer y ampliar los derechos de niños y adolescentes, así como tener claridad de cuántos recursos se invierten para atender sus necesidades.
Al hablar en la instalación de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado, Cordero Arroyo dijo que “no se puede ser un país civilizado si no se da prioridad a este sector de la población”.
Por ello, el líder de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó que las diversas fuerzas políticas de esta cámara tienen la convicción de avanzar en esta materia, y eso ayudará a que la comisión tenga carácter de ordinaria.
A su vez, la presidenta de la comisión, la senadora panista Martha Elena García, informó que los objetivos serán garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de la niñez, realizar acciones encaminadas a su respeto e impulsar la armonización de la legislación con instrumentos internacionales.
Aseguró que factores como la desigualdad, la pobreza, el maltrato en el hogar y los centros escolares, la explotación laboral y sexual, así como el embarazo en adolescentes reflejan parte de la problemática que actualmente los niños y las niñas sufren en México.
Por ello, dijo que es necesario coadyuvar con los diferentes órdenes de gobierno, la academia, la sociedad civil, los organismos internacionales y todos aquellos interesados en la aplicación de acciones que garanticen los derechos de los niños y los adolescentes.
A su vez, la senadora María Lucero Saldaña, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), detalló que según estadísticas se han registrado 41 mil defunciones de niños menores de 15 años.
Mientras que 3.6 por ciento de la población entre ocho y 14 años no sabe leer ni escribir y 29.6 por ciento no asiste a la escuela, detalló Cordero Arroyo.
Ante este panorama, consideró que existen grandes retos como trabajar de manera transversal con otras comisiones para armonizar las legislaciones federales y locales, pues no todas las entidades tienen ordenamientos que protejan los derechos de los niños.
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