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CIUDAD DE MÉXICO, 14 de noviembre de 2017.- Luis Raúl González Pérez y Felipe I. Arreguín Cortés encabezaron el acto en que el Ombudsman nacional demandó la emisión de la Ley General de Aguas y que la autoridad cumpla con las recomendaciones contenidas en el Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, de mayo pasado
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) firmaron el convenio de colaboración mediante el cual se busca generar un marco propicio para realizar investigación y desarrollos tecnológicos, con perspectiva de derechos humanos, para la protección del agua, su asignación eficiente y equitativa y, en general, para una gestión sustentable con la premisa del respeto a la dignidad humana.
Al firmar el convenio de colaboración entre la CNDH y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), que encabeza Felipe I. Arreguín Cortés, González Pérez reveló que nuestro país presenta en su territorio todo el espectro de categorías de la disponibilidad de agua, que van desde muy alta hasta extremadamente baja. En 2010, alrededor del 66% de la población mexicana se encontraba en situación de estrés hídrico.
Expresó que la carencia de agua es factor de pobreza. Recordó que en 2013 se estimó que la cobertura de agua potable en el país fue de 92.3 por ciento, correspondiendo 95.4 por ciento de cobertura en zona urbanas y 81.6 por ciento en zonas rurales, mientras que la cobertura de alcantarillado fue de 90.9 por ciento, compuesta por el 96.7 por ciento en zonas urbanas y 71.2 por ciento en zonas rurales.
Refirió que la población indígena y las mujeres, en el medio rural y zonas periféricas, son quienes padecen más la carencia de agua y saneamiento; en tanto que las entidades con mayor carencia de drenaje son Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero y Chiapas.
Luego de mencionar que en 2013 había en operación dos mil 287 plantas de tratamiento que brindaron cobertura al 50.2 por ciento de aguas residuales municipales, dijo que ello contrasta con la notable disminución de las asignaciones presupuestarias y las inversiones en agua y saneamiento.
“El derecho al agua y el saneamiento debe contar con el respaldo de políticas públicas y compromisos presupuestales. No basta que el derecho al agua y al saneamiento esté plasmado como un derecho humano en nuestra Constitución, si lo dispuesto en la norma no se materializa, no adquiere vigencia”, aseguró.
Urgió al Congreso de la Unión a emitir la Ley General de Aguas y demandó a las autoridades cumplir con las recomendaciones en el Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Léo Heller, derivadas de su visita a México del 2 al 12 de mayo pasado.
“El agua –dijo González Pérez– es uno de los pilares del desarrollo sostenible. De su debida gestión, y de la acción solidaria y consciente que tomemos para su protección y uso racional, dependerá no sólo nuestro el presente, sino el futuro del país, así como el que podamos contar con mejores niveles de desarrollo y vida”.
Por ello, propuso basar en un enfoque de derechos humanos las decisiones que se tomen sobre el agua como recurso finito para la satisfacción de necesidades personales, domésticas, agricultura, industria y el mantenimiento de ecosistemas que nos proporcionan bienes ambientales y servicios vitales.
Puntualizó que ante el agravamiento de la escasez y sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento del recurso hídrico por factores como la contaminación, que reduce la disponibilidad y calidad del agua, se requieren de una adecuada regulación de los ordenamientos territoriales, asentamientos humanos, agricultura, vivienda, industria, transporte y eliminación de residuos, además de una vigorosa participación ciudadana.
En su oportunidad, el director general del IMTA, Felipe I. Arreguín Cortés, destacó la colaboración que realizará con la CNDH para la observancia de los derechos humanos, por medio de programas de cooperación científica y técnica en el sector del agua, así como consultoría y asistencia técnica investigación para promover y estimular el desarrollo sustentable del agua.
Reveló que, para ello, el IMTA cuenta con información, bases de datos y mapas en sistemas de información geográfica relacionados con los derechos al agua y saneamiento, alimentación y a un medio ambiente sano, en temas de sequía, inundaciones, fenómenos hidrometeorológicos, cambio climático, calidad del agua, cobertura de abastecimiento y saneamiento, y eficiencia del uso del agua agrícola, entre otros.
Detalló, asimismo, que al interior del IMTA se ha fortalecido la institucionalización de las políticas de igualdad de género, se impulsa la paridad en la asignación de puestos directivos, se promueven esquemas y horarios de trabajo que concilien responsabilidades laborales con vida personal y familiar; se desarrollan protocolos y códigos de conducta para impulsar la no discriminación, lenguaje incluyente y cero tolerancia en esos temas.