Cae segundo ex funcionario por casa de espionaje contra políticos de 4T

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de junio de 2022.- El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara López, informó que la madrugada de este viernes, personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos dio cumplimiento a dos órdenes de cateo y aprehendió a Jesús Noé N., quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de violación de la comunicación privada y peculado.

Ello, en seguimiento a las investigaciones sobre una operación de espionaje posiblemente financiada con recursos públicos y ejecutada por funcionarios de la anterior administración capitalina.

“Jesús Noé N. fue asegurado en un inmueble ubicado en la colonia San Diego Ocoyoacac, de la alcaldía Miguel Hidalgo y posteriormente fue trasladado al Reclusorio Varonil Norte, donde fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió.

“Esta persona era uno de los servidores públicos que posiblemente almacenaba la información del espionaje en memorias USB y con ellas realizaba presentaciones, las cuales entregaba a las personas que las analizaban para el visto bueno correspondiente.

“Hecho lo anterior, dichas personas las entregaban a los destinatarios finales; toda esta actividad ilícita presumiblemente la realizaban en el inmueble ubicado en la calle de Manuel Márquez Sterling, en el Centro de la Ciudad”, detalló en mensaje a medios.

Añadió que el segundo cateo fue ejecutado en un inmueble de la colonia Providencia, de la alcaldía Gustavo A. Madero y durante la revisión del inmueble se recabaron indicios consistentes en medios electrónicos, como dos computadoras y cuatro memorias USB.

En ambas diligencias, efectuadas de manera paralela, participaron fiscales, agentes del Ministerio Público y detectives de la Policía de Investigación (PDI), en estrecha colaboración con expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales en diversas especialidades.

Recordó que este jueves, ministerios públicos formularon imputación contra José Roberto N., por su probable participación en los delitos de ejercicio abusivo de funciones, antes conocido como peculado, así como violación a la comunicación privada.

Además que le fue ordenada prisión preventiva justificada a quien era mando en la Policía Cibernética de la entonces Procuraduría capitalina y posiblemente operaba el vehículo utilizado para dichos delitos.

Recordó que esta operación fue posiblemente orquestada entre 2013 y 2018 desde el Gobierno Central, que giraba instrucciones a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que ésta, con el uso de personal de ambas instituciones, se diera a la tarea de realizar esta serie de actividades ilícitas desde el multicitado inmueble de la calle Manuel Márquez Sterling, conocido como casa de espionaje.

“Derivado de los avances de esta investigación, se cuenta con sólidos indicios para conocer que los posibles operadores intelectuales de este esquema contaban con un alto nivel jerárquico en la anterior administración capitalina.

“Dichos funcionarios, posiblemente solicitaban a un alto comandante, con nivel de Dirección General de la otrora Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que organizara y dirigiera un grupo especializado que se encargara de llevar a cabo todas las actividades de espionaje, al fijar sus objetivos y a los personajes a los cuales se les violaría su privacidad.

“Asimismo, mediante este nexo, posiblemente se realizaba una transferencia de recursos en efectivo de la Hacienda Pública para sostener financieramente a la célula. A su vez, dicho servidor público de la Procuraduría General probablemente remitía sus informes y principales hallazgos a funcionarios del Gobierno Central”, describió.

De esta forma, se organizó un equipo constituido por aproximadamente 30 personas, que tenían a su plena disposición la tecnología operativa de la Procuraduría General para que realizara tanto las actividades de análisis y procesamiento de datos como las tareas de seguimiento de campo y a su vez, reportaba sus quehaceres al comandante de la PGJ encargado de dirigir la organización.

Dichos servidores públicos se daban a la tarea de intervenir ilegalmente comunicaciones privadas de personas del ámbito político, así como de sus familiares más cercanos; elaborar fichas de identidad; diseñar rutas y mapas de seguimiento; redes de vínculo, geolocalización y rutinas, además de ejecutar planes con fines político-electorales.

Entre las personas y sus familias que fueron espiadas, se encuentran servidoras y servidores de todos los niveles de Gobierno que hoy ocupan cargos en la Presidencia, el Senado, en la Cámara de Diputados, el Gobierno de la Ciudad de México y esta propia Fiscalía.

“A medida que avance nuestra investigación para probar los delitos de ejercicio abusivo de funciones, así como violación de la comunicación privada, cuyas penalidades podrían alcanzar los 18 años de prisión.

“Además de las subsecuentes aprehensiones de otras personas posiblemente ligadas a estos hechos y con base en las declaraciones de las personas detenidas, podrá ponerse al descubierto la red de intereses y principales personajes que orquestaron, dirigieron y se beneficiaron de esta operación que hizo un uso desproporcionado de recursos humanos, materiales y financieros distintos a los fines de la administración pública”, remató