Vinculan a proceso y trasladan a Cevarepsi a acusado de ataque en Metro
CIUDAD DE MÉXICO, 30 de noviembre de 2017.- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina aportó las pruebas suficientes para que un Juez de Control decretara imponer la prisión preventiva oficiosa a tres hombres de 59, 39 y 33 años de edad, así como a cuatro mujeres de 49, 40, 37 y 28 años, por su probable participación en el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual.
La fiscal de Investigaciones para la Atención de Delito de Trata de Personas, Juana Camila Bautista Rebollar, añadió, según un comunicado, que tras calificar como legal la detención de los imputados, el juzgador determinó ingresarlos al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras vence la duplicidad del término constitucional que solicitaron para la audiencia de vinculación a proceso.
Los imputados fueron detenidos por elementos de la Policía Federal (PF) adscritos a la División de Investigación y personal ministerial de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito Trata de Personas, en cumplimiento a una orden de cateo ejecutada en cuatro bares, que aparentaban ser negocios de comida, localizados en la colonia Puebla, delegación Venustiano Carranza, donde presuntamente explotaban a personas del sexo femenino mediante la prostitución.
En conferencia de prensa, la Fiscal destacó que, de acuerdo con la indagatoria, una denuncia ciudadana alertó a las autoridades remitentes el modo de operar de estos negocios y de los imputados, que consistía en solicitar a las víctimas a consumir bebidas alcohólicas con los clientes, dejar que les realizaran tocamientos en el cuerpo y si éstos lo solicitaban, sostener relaciones sexuales con ellos en los sanitarios que se encontraban en pésimas condiciones e insalubres.
Además, detalló, el consumidor tenía la opción de pagar una cuota adicional para que las agraviadas salieran del lugar a otros sitios.
Del cobro por el sexo-servicio que prestaban las ofendidas, el 60 por ciento era para los dueños de estos establecimientos y el resto para ellas.
La ejecución del mandamiento judicial permitió la liberación de 20 mujeres, mayores de edad, y a través de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito, se activó el Protocolo de Atención a Víctimas con el fin de proporcionarles atención jurídica, psicológica y médica, explicó la servidora pública, quien comentó que, de las diligencias ministeriales realizadas por la Coordinación General de Servicios Periciales, el dictamen psicológico estableció que hay afectación en ellas.
Y destacó que se determinó que dos de los detenidos eran los dueños de los establecimientos, mientras que cinco trabajaban como encargados; además, estos últimos, presuntamente eran los que enganchaban a las víctimas, generalmente originarias de Oaxaca, Puebla, Estado de México y de esta capital.
Así, de ser declarados culpables del ilícito que se les imputa, cada uno de los probables participantes podrían alcanzar una sentencia de hasta 30 años en prisión.