Café para todos/Alberto Carbot

CNTE atenta contra estabilidad nacional

Los 67 bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que este martes estrangularon a la Ciudad de México y otros más que se registraron en diversos puntos carreteros y calles del país –sin que hubiese una respuesta para permitir el libre tránsito de millones de mexicanos, indignados por la atrocidad sindical–, son prolegómenos de lo que pudiera ocurrir si el gobierno de Enrique Peña Nieto no da una respuesta enérgica al vandalismo de este privilegiado grupo de promotores del caos y la violencia en varios estados, principalmente del sureste mexicano.

La semana pasada, un desequilibrado vocero de la CNTE en Chiapas amenazó con matar a políticos si hay nuevos asesinatos de maestros.

“Como son vampiros, quieren más sangre pero dejamos bien claro: por cada compañero muerto que haya, uno de los políticos va a morir también”, afirmó Pedro Gómez Bamaca, portavoz de la CNTE en Chiapas.

Chiapas es uno de los estados, junto con Oaxaca, Guerrero y Michoacán, víctima de la ola de violentos bloqueos a rutas, que alcanzó su máxima intensidad el 19 de junio pasado.

Quizá muchos de los que observan desde sus privilegiadas guaridas en la Ciudad de México cómo transcurre la violencia en el sureste del país, creen que las cosas peores pueden ocurrir en Oaxaca, pero en Chiapas el magisterio suele ser todavía más agresivo.

Hay que recordar que ahí se levantó en armas el zapatismo en enero de 1994 y que en Chiapas, justamente es donde fueron trasquilados varios inspectores escolares exhibidos en forma humillante e indigna por militantes de un grupo que apoya a la disidencia magisterial.

La sangre de 8 personas que se derramó en la localidad de Nochixtlán, Oaxaca, en la Mixteca, ha sido el combustible que está incendiando la pradera y amenaza con generalizar el fuego. Ocho de los fallecidos durante ese confuso ataque –curiosamente ninguno de los cuales era maestro–, que supuestamente provino de lo alto de un hotel.

Las buenas conciencias se dieron golpes de pecho luego de la balacera. La CNTE asegura que los autores fueron del gobierno, pero las versiones más confiables consideran que los disparos provinieron de comandos armados, afines a la disidencia magisterial. Mientras la investigación posiblemente revele algunas pistas para esclarecer el caso, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se reunió la semana pasada con habitantes de la zona donde ocurrió el enfrentamiento y les prometió resarcir a los deudos.

Hasta ahora ha habido dos rondas de negociaciones, pero una tercera todavía está supeditada a que la CNTE esté dispuesta a ceder un poco. Sólo que es iluso creer que los maestros de la CNTE vayan a hacerlo, pues están acostumbrados a estirar la liga hasta reventarla, pero nunca dan su brazo a torcer.

Mientras tanto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emitió un comunicado en el cual expresa su respaldo a la lucha de los maestros, pero en un tono relativamente moderado: “Le decimos al magisterio digno que no está solo, que sabemos que la razón y la verdad están de su lado, que la dignidad colectiva con la que habla su resistencia es inquebrantable y ésa es la principal arma de los que de abajo somos”, señaló.

Pero el Ejército Popular Revolucionario (EPR) no se anduvo por las ramas y apeló a un lenguaje más beligerante:

“El EPR otorga su apoyo a la CNTE; califica los hechos de Nochixtlán como terrorismo de estado».

Veinte años después de irrumpir en la palestra pública –a raíz del asesinato de varios miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el paraje de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1996–, calificó los hechos de Nochixtlán como “terrorismo de Estado”.

“A un gobierno represivo sólo se le puede enfrentar desarrollando con mayor ahínco las acciones políticas de masas en su expresión generalizada como la autodefensa armada del pueblo”, señaló y agregó que “en Oaxaca, bajo esta política, se asesina al pueblo con el objetivo de defender los intereses del capital”.

Este lunes, el EPR emitió un segundo comunicado sobre la violencia en Nochixtlán, en el que llamó a responder lo que consideró es una “nueva escalada de represión”.

“No hay nada que investigar, nada que descubrir, sólo juzgar y castigar a los responsables de este nuevo crimen de Estado que se agrega a la larga lista de agravios contra el pueblo. Los responsables materiales fueron exhibidos en plena flagrancia: policía estatal, federal y gendarmería, fueron desplegados en campaña ofensiva por órdenes del gobierno federal y estatal”, señaló el EPR.

Sobre la reparación del daño prometido a los familiares de las víctimas por parte del gobierno federal, estimó que se trata de “la aceptación tácita del cometido de crímenes de lesa humanidad que se ejecutaron contra el pueblo en Nochixtlán”.

“El diálogo que impone Gobernación es una expresión del autoritarismo, se reduce a una forma más de imposición de los dictados oligarcas, eludiendo la principal demanda del pueblo: abrogación de la reforma educativa de carácter burgués”, expuso.

El EPR advirtió que recurrirá a los “protocolos de seguridad” –seguramente el empleo de las armas en las movilizaciones–, al interrumpirse la mesa de diálogo con la CNTE y el gobierno. Para la organización esta fue “una clara maniobra mediática-política del gobierno de Peña Nieto para lavarse las manos ante un nuevo baño de sangre”.

“Todos debemos estar alerta y preparados para responder combativamente a la nueva escalada de represión; cada cual en su respectiva trinchera prepárese para nuevos combates populares”, proclamó el EPR.

Para muchos observadores, el arresto el 12 de junio de los dos cabecillas de la Sección 22 de la CNTE fue la chispa que hoy ha generado las peores movilizaciones de maestros en una década.

Pero no sólo el EPR está velando las armas. Ahí, en Chiapas, también están listos para actuar grupos con un historial violento como la Organización Popular Independiente Emiliano Zapata, el Movimiento de Resistencia Popular del Sureste y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

El experto en seguridad nacional Armando Rodríguez afirmó que los servicios de inteligencia “fallaron al no advertir la capacidad de movilización” del ala radical de la CNTE.

Después de que Osorio Chong dijo que los “bloqueos deben parar” o de lo contrario la fuerza política podría intervenir, 40 alcaldes de Oaxaca -de un total de 570, para no alarmarse tampoco por los abajo firmantes-, suscribieron una proclama en la cual advirtieron que “al pueblo también se le acaba la paciencia y si tocan a un maestro o a un civil, los pueblos se van a levantar”.

Desde 2006 –cuando cobijado por diversas organizaciones beligerantes el EPR participó en las movilizaciones de Oaxaca–, no se veía la mano de este grupo guerrillero en una protesta popular.

Pero como si fuera poco, el iluso y taimado gobernador oaxaqueño Gabino Cué, se dio el lujo de descartar que algún grupo rebelde esté infiltrado en las manifestaciones de los maestros en Nochixtlán.

Sin embargo, los expertos aseguran que el EPR está listo para el asalto. Por ello, más le valdrá al gobierno tomar en serio las advertencias.

Cuando el diálogo político con las cofradías de privilegiados –como los que integran los grupos radicales de CNTE–, ya no tiene sentido, se debe garantizar la paz y la supervivencia de millones de mexicanos que no gozan de los privilegios del dinero por la venta de plazas, ni la herencia de cargos o el disfrute de ganar sin trabajar

Históricamente el único que ha tenido pantalones para hacerlo fue Gustavo Díaz Ordaz, el vilipendiado mandatario denostado por los “progres” multimillonarios y corruptos, que hoy gozan de los privilegios políticos y económicos a costa de los mexicanos         que sí aportan al país. No quedará de otra. Habrá que aplicar la fuerza del Estado. Pero ciertamente, hacen falta gónadas.

Granos de café

El descalabro que el Partido Revolucionario Institucional sufrió en Quintana Roo, durante las pasadas elecciones del 5 de junio para renovar la gubernatura de la entidad, debe mover a la acción más que la reflexión y colocar en el mando directivo del tricolor en la entidad a gente con lealtad probada, influencia y arraigo y, sobre todo, experiencia y habilidad política para reagrupar al priismo quintanarroense.

Como suele decirse, en esa entidad son pocas las aves y muchos los cazadores, pero –como lo asegura el senador Isaías González Cuevas,  líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)–, sólo uno reúne las cualidades que exige el momento político: el diputado Mario Machuca.

Y ya que de experiencia política hablamos, la del líder croquista está fuera de toda duda, por lo que debe considerarse con toda seriedad su propuesta para unir y fortalecer al priismo de esa entidad, a fin de evitar que se fracture el tricolor como lo promueven el PRD y el PAN, para despojarlo de militantes que, sin duda, son la verdadera fuerza política de Quintana Roo.

“La derrota del 5 de junio nos obliga a realizar una revisión profunda de las estrategias de campaña; mirar hacia adelante y recuperarnos, para lo cual es fundamental el cambio de conducción del PRI en Quintana Roo y apoyar a Mario Machuca, dijo el dirigente croquista. Explicó que el legislador posee una amplia y sólida  base social en todo el estado, que lo ha llevado a ser regidor en el municipio de Benito Juárez, líder del PRI en Cancún, diputado local y ahora diputado federal.

No obstante, el dirigente de la CROC propuso convocar a una consulta para emitir la convocatoria con los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a presidir el instituto político.

“Aunque todos la practicamos, todos estamos hartos de ella”. De esa manera definió el presidente de la Confederación Patronal Mexicana de la Ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno, la postura del empresariado capitalino respecto de la corrupción.

Y cada vez son más los mexicanos que están dispuestos a una purga de fondo para terminar con ese cáncer ancestral que nos tiene atados a un círculo vicioso que pareciera endémico.

Lamentablemente esa voluntad por combatir de raíz la corrupción no fue expresada por el sector empresarial, que recurrió al poder ejecutivo para que vetara la promulgación de la Ley Anticorrupción que les castigaba igual que al servidor público por participar en hechos de corrupción.

Pero el mensaje tampoco ha permeado realmente en las esferas gubernamentales, como parece probarlo el más reciente anuncio de la Secretaría de la Función Pública que encabeza Virgilio Andrade, que pretendió el reconocimiento social al revelar que 7 funcionarios públicos de los sectores salud, energético y agrario que cometieron robo, extorsión y cohecho fueron consignados a la Procuraduría General de la República.

Y esto fue expuesto en un comunicado de lo más escueto e impreciso que no informa cargos, rango, monto de los ilícitos, daño patrimonial, ni nada que muestre a la sociedad el trabajo de la dependencia, que ha sido agriamente cuestionada por su aparente ineficiencia.

Y claro que la detención de siete “funcionarios” no es para echar las campanas al vuelo, y menos cuando surgieron del lodazal preelectoral denuncias tan graves como el enriquecimiento ilícito de candidatos como Miguel Ángel Yunes –con sus propiedades en Estados Unidos–, o los miles de millones faltantes en el erario del gobierno de Veracruz, la vinculación de  aspirantes a cargos de elección con organizaciones criminales y un largo, largo etcétera de casos que no fueron investigados y que indignan a los mexicanos..

Y ya que hablamos de las anomalías en la administración gubernamental, un ejemplo de ella es la denuncia pública que el portal www.chiapasparalelo.com hizo para demostrar los favores de que todavía gozan funcionarios de la pasada administración estatal chiapaneca, como Mauricio Gándara Gallardo, quien todavía cosecha sus influencias, esta vez en el gobierno tuxtleco, mediante un generoso  contrato mensual del ayuntamiento, como pago a los servicios del despacho “GTR Consultores”.

Según el portal, la consultoría es propiedad de su esposa María Antonieta de la Torre Domínguez, quien cobra por “administrar” el contrato que el Ayuntamiento mantiene con la empresa “Proactiva”, encargada de recolectar la basura en la ciudad, tarea que debería desempeñar la Dirección de Servicios Municipales. No obstante, por alguna inexplicable razón, la influencia de Gándara Gallardo permitió que esos recursos lleguen al bolsillo de un particular que casualmente es su conyugue.

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