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CIUDAD DE MEXICO, 2 de octubre (Quadratín México).-Las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados consideraron que el programa “Rápido y Furioso” revelan que se ha equivocado el camino en los acuerdos de seguridad con Estados Unidos, e incluso la fracción del PAN apuntó que el presidente Felipe Calderón debe exigir al gobierno estadounidense una investigación a fondo en este caso.
Lo anterior, al revelarse que la gran mayoría de ejecuciones y asesinatos cometidos en México, en el marco de la violencia suscitada por el combate al crimen organizado, se cometieron con las armas que Estados Unidos introdujo libremente a México, dentro del programa “Rápido y Furioso”.
Lo que más indignación ha causado, es que el plan era precisamente introducir el armamento a territorio mexicano para que, al cometerse los crímenes, se pudiera “rastrear” a las bandas delictivas.
Ante ello, el coordinador de la bancada del PAN, Luis Alberto Villarreal García, se sumó a la indignación de los partidos de oposición: “Estamos exigiendo que el gobierno del presidente Calderón le exija a su contraparte en Estados Unidos que se lleven a cabo hasta el final las investigaciones y que se responsabilice a quienes iniciaron este programa”.
Consideró que es inaceptable que el gobierno estadounidense incurra en estas prácticas, cuando a partir de la Iniciativa Mérida se da una nueva etapa de cooperación para generar estrategias conjuntas, a fin de combatir el crimen organizado y el flujo ilegal de armas en la región, lo que ayudará a resguardar la integridad de los ciudadanos de México, Estados Unidos y Canadá.
En entrevista por separado, en representación del PRI, el legislador Javier Treviño, estableció que el gobierno de Calderón está obligado a reconocer que se equivocó en la relación México-Estados Unidos, pues lejos de recibir apoyo del vecino país, se ha incrementado introducción de armas ilegales, prueba de ello es que las encontramos por todas partes y sobre todo en manos del crimen organizado.
Por separado, al fijar la postura del PRD, el diputado Luis Espinosa Cházaro consideró que los resultados de “Rápido y Furioso” son la prueba del fracaso del gobierno saliente y su política de seguridad.
Las ejecuciones y los enfrentamientos entre organizaciones criminales y los elementos de seguridad continúan en todo el país, pero lo más preocupante es que la población es la que paga las consecuencias de estos operativos, y como prueba están los miles de muertos en todo el territorio nacional.
A su vez, el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, subrayó que su bancada insistirá en que se llame a rendir cuentas a los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, así como otros funcionarios que pudieron estar enterados.
Insistió en que es fundamental la comparecencia de estos servidores públicos antes que dejen sus funciones, pues se ignora en qué condiciones dejarán al país en materia de seguridad pública y de los acuerdos a los que llegó con Estados Unidos.
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