Más homicidios dolosos en estados que en la federación: Calderón

CIUDAD DE MEXICO, 1 de septiembre (Quadratín México).- La Cámara de Diputados recibió de Felipe Calderón Hinojosa respuestas a las preguntas parlamentarias formuladas por escrito, relativas al Sexto Informe de Gobierno sobre el estado general en que dejó a la Administración Pública del país, antes de dejar la Presidencia de la Repúbica.

En el documento de 272 páginas remitido a través de la Secretaría de Gobernación, el jefe del Ejecutivo Federal responde a 70 preguntas de los grupos parlamentarios: del PRI, 16; PAN, 15; PRD, 16; PVEM, 8; Movimiento Ciudadano, 6; PT, 5 y Nueva Alianza, 4.

Sobre la estrategia de seguridad, destaca que el número de homicidios no es resultado del combate al crimen organizado, sino principalmente de la rivalidad delincuencial y de la crisis institucional de seguridad y justicia a nivel local.

Indica que estos dos factores han provocado incremento de la violencia en algunas localidades y, a su vez, que los mandatarios estatales soliciten el respaldo de las Fuerzas Federales en tareas de seguridad pública ante la incapacidad que persiste en sus policías para hacer frente a los delitos del fuero común, como es el homicidio.

“La violencia se recrudece por las disputas entre organizaciones criminales, las cuales no sólo se encontraban vinculadas al tráfico y distribución de drogas, sino que habían extendido sus actividades delictivas al secuestro, robo, extorsión y homicidio, entre otros delitos de alto impacto social”, resalta.

En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria del jueves 29 de noviembre, se agrega que quien viola sistemáticamente los derechos de los mexicanos es el crimen organizado, pues éste vulnera los derechos fundamentales de los migrantes, de los niños y jóvenes, de los periodistas y de la sociedad en general.

Por ello, se menciona que debe enfrentarse a la delincuencia y la criminalidad con toda la fuerza de la ley, y que es indispensable que las entidades federativas asuman la responsabilidad de procesar la totalidad de denuncias sobre homicidio doloso que están bajo su jurisdicción.

Asimismo, se afirma que la instrumentación de la Estrategia Nacional de Seguridad ha mostrado resultados a nivel local y nacional. Por ejemplo, al comparar el periodo enero-septiembre de 2012 con el mismo lapso en 2011, el número de homicidios dolosos registrados ha disminuido en 7 por ciento.

“Cualquier esfuerzo del Gobierno Federal parecerá insuficiente para resolver el problema de inseguridad e impunidad, si no se cuenta con compromiso y determinación de las autoridades locales para fortalecer sus capacidades institucionales de seguridad y justicia”, abunda el documento.

En este sentido, se considera apremiante acelerar el fortalecimiento de los Ministerios Públicos locales y concatenar estas acciones con los esfuerzos encaminados a transitar a un sistema de justicia penal basado en la oralidad. “En la medida en que los gobiernos locales avancen en este sentido, se podrá combatir eficazmente la impunidad y el rezago judicial en el país”.

Se refiere que durante la presente administración han recaído en el ámbito de responsabilidad de las autoridades estatales y del Distrito Federal poco menos de 84 mil denuncias por homicidio doloso, mientras que bajo responsabilidad del Ministerio Público Federal, un total de 240.

En el documento se resalta que la Estrategia Nacional de Seguridad no ha sido fallida; por el contrario, ha logrado avances importantes en la medida en que permitió al país dejar atrás años de simulación, complicidad e impunidad ante la actividad criminal, pues ha reforzado a las instituciones y leyes encargadas de la seguridad y buscado proteger a los mexicanos de la violencia provocada por las bandas criminales.

Sobre las extradiciones, se resalta que la Procuraduría General de la República ha trasladado en la presente administración (del 1 de diciembre de 2006 al 24 de octubre de 2012) a 224 personas, por delitos relacionados con narcotráfico, de las cuales 215 han sido a los Estados Unidos y 9 a otros países.

Se detalla que la introducción de armas hacia territorio nacional sin cumplir los requisitos de la ley de la materia constituye un delito. Por lo tanto, corresponde al Ministerio Público de la Federación determinar si como consecuencia del operativo “Rápido y Furioso” se cometió dicho ilícito.

“En ese sentido, se sigue recabando información de diversas instituciones, a fin de integrarla a la investigación y poder esclarecer los hechos y en su momento determinar probables responsabilidades”, apunta.

Respecto del combate al tráfico de armas, se asegura que es un compromiso del Gobierno de México enfrentar a la delincuencia organizada transnacional que opera tanto en México como en Estados Unidos, por lo que se deben seguir fortaleciendo las acciones nacionales y bilaterales para evitar y detener el tráfico de armas, sobre la base de responsabilidad compartida, la confianza y el respeto mutuo.

Menciona que durante esta administración no se han presentado fugas, ni ha fallecido por violencia un solo interno en los Penales Federales. De esta manera, ningún custodio en Centros Penitenciarios Federales ha estado involucrado desde diciembre 2006 a la fecha en la fuga de reos.

Argumenta que el 78.8 por ciento de la población penitenciaria a nivel nacional corresponde al fuero común y los centros de reclusión son administrados de la siguiente manera: 305 por los gobiernos estatales, 91 por los municipios, 13 por el gobierno federal y 10 del Distrito Federal.

Algunos de los temas que fueron planteados por los diputados al Ejecutivo Federal, son: Política Interior (estrategia de seguridad, seguridad pública municipal, frontera norte); Política Exterior (estrategia, cooperación bilateral); Política Social (incremento de la pobreza, pobreza rural, alimentación, salud, educación, deporte), y Política Económica (sector agropecuario, regulación, competitividad, empleo, energía y uso de excedentes petroleros).

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