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CIUDAD DE MÉXICO, 21 de mayo de 2025.- Edgar Corzo Sosa, doctor en Derecho y profesor-investigador de tiempo completo en la UNAM, ha construido una carrera sin ataduras partidistas que incluye cargos en el Poder Judicial de la Federación (PJF), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la presidencia de los diez comités de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos.
Su perfil técnico y su experiencia internacional lo posicionan como un candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) capaz de combinar imparcialidad, conocimiento profundo y un enfoque práctico para acercar la justicia a todos los mexicanos.
-¿Cómo garantiza que sus decisiones serán independientes de la política?
-He dedicado más de treinta años a la investigación, la docencia y la defensa de derechos sin vínculo con ningún partido ni dependencia de grupos de interés, lo que me ha permitido desarrollar un criterio propio basado exclusivamente en el análisis jurídico. En la Suprema Corte formalizaré esa práctica mediante la publicación de mi agenda completa, la declaración de intereses y reuniones relevantes, así como la organización de foros ciudadanos regulares para evaluar mis votos. Estas acciones no solo proporcionarán un mecanismo de rendición de cuentas, sino que instalarán un contrapeso permanente que garantizará que cada resolución responda únicamente a la Constitución y a los tratados internacionales, y no a presiones externas.
—Algunos sectores llaman a no votar en esta elección judicial. ¿Qué les responde?
—Entiendo el descontento que puede existir y respeto las distintas formas de protesta, en los recorridos que he realizado por diversos lugares del país los he percibido, sin embargo, la abstención termina favoreciendo a grupos pequeños con mayor organización y reduce la representatividad del proceso. Es mil veces más efectivo convertir la inconformidad en un voto reflexivo, evaluando a cada candidato según su trayectoria y compromisos. Sé que no es fácil, pues nos ha faltado información y mecanismos sencillos y efectivos para enterarnos de la hoja de vida de los candidatos. No obstante, al participar activamente la ciudadanía envía un mensaje claro: exige transparencia, calidad técnica y responsabilidad continúa de quienes asuman el cargo, transformando la protesta en una herramienta de vigilancia democrática durante todo el periodo del mandato de los ministros.
-¿Qué debe hacer la Corte cuando el Estado viola derechos humanos?
-La Corte debe actuar como último garante de los derechos fundamentales, emitiendo criterios sólidos que no solo sancionen violaciones sino que establezcan obligaciones concretas de reparación integral y prevención. Propongo la creación de un protocolo interno para revisar de oficio casos de violaciones graves a derechos humanos, consultas públicas en asuntos de alto impacto social y la formación de un comité de seguimiento que evalúe periódicamente el cumplimiento de las sentencias, adicionando audiencias con las partes para acelerarlo. De esta manera, la Corte no se limitará a resolver controversias, sino que impulsará cambios reales en políticas públicas y prácticas institucionales acercándose a la justicia con compromiso social que requiere nuestro tiempo.
-¿Se compromete a trabajar de forma abierta y explicar cada decisión?
-Absolutamente. Publicaré mi agenda semanal en un portal accesible, produciré videos breves en los que explique de manera clara y directa las razones de mis votos en los casos más relevantes, y estableceré encuentros trimestrales con organizaciones civiles y académicas para presentar avances y recibir retroalimentación. Este modelo de transparencia activa no solo generará confianza, la que ahora mucho nos hace falta, sino que permitirá a la sociedad comprender el alcance y el impacto de las decisiones de la Corte.
Pregunta: ¿Cómo juzgará leyes polémicas sin dejarse influir por la política?
Respuesta: Aplicaré un método público y sistemático: identificaré el derecho o derechos afectados, requeriré evidencia objetiva sobre la necesidad de la aprobación de la norma y evaluaré su eficacia frente a lo que se busca con ella. Además, difundiré versiones preliminares de mis proyectos de resolución para invitar a expertos a contribuir con argumentos antes de la votación final. Con este marco de análisis riguroso y diálogos previos, las decisiones se tomarán con base en criterios jurídicos precisos, aisladas de presiones políticas.
-¿Cómo hará que la justicia digital no excluya a nadie?
-La modernización tecnológica debe ir acompañada de políticas de inclusión: estableceré centros comunitarios con servicios digitales guiados por facilitadores, programas de capacitación en habilidades digitales en colaboración con bibliotecas y escuelas rurales, y mantendré canales tradicionales de atención para quienes prefieran el contacto presencial. Este enfoque híbrido asegura que la digitalización amplíe el acceso y no genere nuevas barreras para quienes no cuentan con infraestructura o conocimientos tecnológicos.
-¿Qué legado quiere dejar como ministro?
-Aspiro a ser recordado como un ministro que tradujo el lenguaje jurídico en soluciones comprensibles, que fortaleció el acceso real a la justicia para los sectores más vulnerables y que estableció precedentes firmes en materia de derechos humanos en congruencia con el esfuerzo regional y universal de protección de derechos. Mi compromiso es con una Corte cercana, con rostro social, eficiente e imparcial, capaz de inspirar confianza y ofrecer respuestas efectivas a los retos sociales de México.