Polo se degrada a tormenta tropical
CIUDAD DE MÉXICO, 6 de enero de 2026.- El representante en México del Comité para la Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Jan Albert Hootsen, explicó que la sentencia contra el periodista Rafael León es “una muestra de que se debe atender la crisis de seguridad que se vive en Veracruz”.
En entrevista para Quadratín, afirmó que el juicio en contra del reportero es un ejemplo de cómo las autoridades gubernamentales buscan controlar las narrativas de lo que se puede hablar en los estados marcados por el aumento de violencia.
Algo que tenemos que entender del actuar de grupos criminales y funcionarios públicos coludidos con ellos, es que la violencia es una lengua, atacan a periodistas no por juego, sino porque cumplen con una intención de controlar el flujo informativo en ciertas entidades”, destacó Hootsen.
Agregó que los juicios políticos también son una forma de violentar el periodismo y subrayó que, en el caso de Rafael, “si nadie puede garantizar su seguridad y que pueda ejercer su labor libremente ¿para qué continuar?, ninguna historia vale la pena perder la vida”.
Calificó como absurdo e irregular el que se señale a un periodista bajo el cargo de terrorismo en Veracruz y acusó que el proceso estuvo repleto de irregularidades, además de mencionar que lograr su arresto domiciliario durante un año no refleja una victoria.
Jan Albert agregó que la precariedad laboral dentro del periodismo en todo el país es uno de los factores que facilitan los ataques judiciales por parte de aparatos del Estado y “mientras no cuenten con un sueldo digno, prestaciones o seguro social, no tienen espacio mental para enfocarse en su seguridad”.
“Cuando no cuentas con el apoyo de tu medio de comunicación o un sueldo digno, si de repente te llega un caso de acoso judicial, ¿con que se va a pagar el abogado? ¿cómo se tendrá acceso a la justicia cuando la persona que te imputa si cuenta con esos recursos?”, cuestionó el representante en México del CPJ.




