CCE de Silao se manifiesta en contra de reforma al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de agosto de 2024.- El Consejo Coordinador Empresarial de Silao se pronunció en contra de la reforma al Poder Judicial, que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Manifiesto por un Estado de Derecho.

A través de un pronunciamiento, informó que desde que México es un país independiente, se estableció que una de las bases de su organización política y de su estructura gubernamental era el principio de la división de poderes que estableció la regla en el ejercicio de las actividades que corresponden al Estado y prohibió la reunión en una o más personas de esos poderes separados.

El Consejo Coordinador Empresarial de Silao manifestó su solidaridad y respaldo a los integrantes del Poder Judicial Federal y al Poder Judicial de los Estados, en particular el del Estado de Guanajuato, ya que gracias a sus Magistrados y Jueces son un factor de equilibrio en el Estado Mexicano.

«Las organizaciones que integramos el Consejo Coordinador Empresarial de Silao no somos coincidentes con la iniciativa de reforma al Poder Judicial si gira en torno al método de elección de Ministras, Ministros, Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas ya que eso podría politizar la justicia, además de que los jueces deben ser autónomos, no comprometer su independencia y capacidad técnica», cita el pronunciamiento.

Consideran que la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial parte de la falacia de asumir que los jueces electos tienen más legitimidad a partir de un ejercicio de popularidad, cuando lo que les da este atributo es su capacidad, profesionalismo e independencia de los poderes políticos y económicos.

Puntualizó que para poder hacer una interpretación de la ley se necesitan herramientas, capacidades y conocimientos que exige el desempeño de la función judicial, pues la legitimidad de los jueces no proviene de la misma causa que sucede con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que es el voto popular.

Una elección está sujeta a procesos de movilización política que pueden tener el efecto de llevar a esos cargos a personas afines al poder político dominante en turno y no a aquellas realmente comprometidas con la justicia que cuenten con las competencias necesarias, lo que representa un riesgo muy importante a la independencia e imparcialidad de jueces o juezas.

Asimismo, puntualizó que no todo licenciado en derecho puede ser juez, como no cualquier médico general puede ser cardiólogo o cirujano plástico, ya que se necesitan capacidades y habilidades especificas que requieren años de conocimientos, práctica y especialización, una curva de aprendizaje y
verdadera vocación.

«Una reforma como la que hoy se propone, vulneraría a las instituciones, empresas, bancos de inversión, calificadoras, países, organizaciones civiles y a cuanto ciudadano que requiera ser escuchado jurídicamente. Todo indica que la iniciativa de reforma judicial pondrá en riesgo la división de poderes, así como la certeza jurídica y, por ende, las inversiones en el país», señala el posicionamiento firmado por Juan Pablo Vázquez Sotelo, presidente del Consejo.

Puntualizó que la reforma debería implicar una mejora integral que no se quede en un ámbito de revanchismo político, ya que la reforma de 1994 permitió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se volviera un actor relevante (pues antes era sólo una extensión del Poder Ejecutivo), y dio pasos importantes para que el Poder Judicial apostara por un sistema de carrera que ha permitido que la justicia avance.